Casado acusa a Sánchez de chantajear por pagar la deuda a las autonomías en campaña

     El líder del PP y sus barones territoriales dieron veracidad a una información del diario El País, según la cual Hacienda ha encontrado un resquicio legal para sortear el dictamen de los letrados y desbloquear el pago de 4.500 millones antes de que acabe septiembre. «No es serio», se quejó hoy Casado en un acto de su partido en Logroño. Hasta hace unos días, añadió, había un informe de la Abogacía del Estado que impedía hacer esos pagos «y ahora, como hay elecciones», se encuentra una fórmula.

     Precisó que está de acuerdo con que se abone a los gobiernos autonómicos las sumas que se les adeudan, pero consideró inaceptable «la instrumentalización de las instituciones y los recursos públicos para hacer campaña» que, a su entender, es lo que hace el Gobierno socialista. No es nuevo, subrayó, porque ese mal uso de las instituciones ya se ha producido «con el CIS y TVE».

De acuerdo a la información del rotativo, no confirmada por Hacienda, el Ministerio que dirige María Jesús Montero entiende que el informe de la Abogacía del Estado se refiere a este año, pero como las elecciones se van a celebrar el 10 de noviembre y es improbable que hasta finales de 2019 o 2020 haya nuevo Gobierno, esos pagos ya no condicionarían este año al Ejecutivo.

     Casado y los barones populares no valoraron la pirueta legal de Hacienda, pero creen que es mejor la fórmula que habían propuesto y que consistía en la entrega de créditos a interés cero para anticipar los fondos hasta hacer el desembolso por los cauces regulares. Para el PP, lo que hace el Gobierno es «un chantaje», según fuentes de la dirección del partido.

El problema surgió cuando las comunidades reclamaron a Hacienda la entrega a cuenta de 4.500 millones de euros por la mejoría de la recaudación del IRPF en este año. Era un dinero puente hasta que se hiciera la liquidación final correspondiente a 2019. Con el sistema vigente de financiación, las comunidades que se rigen por el régimen común, todas menos el País Vasco y Navarra, perciben el 50% del IRPF que se recauda en su territorio.

     Casado fue secundado en las críticas por los barones del PP, que elevaron una queja coral. El gallego Alberto Núñez Feijoó habló de «vergüenza»; la madrileña Isabel Díaz Ayuso tachó el pago de «limosna»; el castellano leonés Alfonso Fernández-Mañueco acusó a Sánchez de «mentir»; el murciano Fernando López Miras denunció «la maniobra electoralista»; y el andaluz Juan Manuel Moreno reprochó a Hacienda que «haya encontrado un resquicio porque hay elecciones». Los presidentes socialistas fueron menos locuaces, solo el aragonés Javier Lambán dijo que era una «buena noticia».