El Gobierno ignora el pulso de Torra y reclama lealtad a la oposición

En las últimas 48 horas, el Gobierno había optado por el silencio. Fuentes de la Moncloa alegaron el sábado que, en pleno homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto del año pasado, no era el momento de la discusión política. Es más, apostaron por que Torra no marcara la agenda y recordaron que «tiempo habría» para abordar cualquier asunto al margen de la memoria de los fallecidos. Y ese tiempo llegó ayer.

Desde su ascenso al poder, la estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pasado por obviar las amenazas, más o menos sólidas, del independentismo, en tanto en cuanto no supongan una vulneración de la ley, y por trasladar al electorado la imagen de que el PSOE persigue una solución para una crisis de la dimensión de la catalana. «Lo único que hemos hecho -reiteró Calvo- es volver a recuperar la normalidad que se había perdido». Y en ese marco se movió ayer.

La vicepresidenta recordó la diferencia entre retórica y realidad y garantizó que si los secesionistas llegaran a cruzar, de nuevo, esa línea, en la Moncloa tendrían claro «cuándo y cómo reaccionar» y qué instrumentos, «normales o excepcionales», emplear. «Con frases -respondió de una sola vez a Torra, PP y Ciudadanos- no se ataca el Estado. El Gobierno sabe en tiempo y forma cuáles son sus obligaciones constitucionales». Nada que «demostrar». Y el principal argumento que esgrime el Ejecutivo para sostener este relato es el del 155.

Los socialistas apoyaron el pasado 27 de octubre en el Senado la intervención de la autonomía catalana. Transitaron junto al gabinete de Mariano Rajoy ese camino y, como entonces hizo el presidente, insisten ahora en que para adoptar «cualquier medida constitucional, se requieren hechos jurídicos». Descarta el Gobierno que un discurso de Torra ante los suyos frente a la cárcel de Lledoners, donde están encarcelados algunos dirigentes que participaron en el proceso secesionista, sea motivo suficiente. Aunque se hable de «atacar al Estado».

Es por eso por lo que Calvo reclamó ayer a la oposición «altura de miras». El mensaje iba dirigido a PP y Ciudadanos, que no sólo censuraron las palabras de Torra, sino que se dirigieron al Gobierno. Los populares exigieron a Pedro Sánchez una respuesta, que aclarara qué «mecanismos jurídicos, constitucionales o administrativos» iba a poner en marcha. Y Pablo Casado criticó ayer en Twitter que el Ejecutivo «exculpe» al líder de la Generalitat y «ataque» a los constitucionalistas. Mientras, los de Albert Rivera reprocharon al presidente haber llegado a la Moncloa con los votos de PDeCAT y Esquerra.

«A las derechas españolas -replicó Calvo durante su visita al Museo Íbero de Jaén-, que están en un discurso radical inentendible (sic), les pediríamos que le hagan oposición al Gobierno, pero que no le hagan oposición a España». De lo contrario, zanjó, los ciudadanos «tomarán nota».

El PP, una vez en la oposición, ha endurecido sus exigencias. Durante la campaña de las primarias, candidatos a suceder a Rajoy como Pablo Casado o María Dolores de Cospedal ya marcaron distancias con cómo se había gestionado la crisis catalana. Sobre todo, los populares buscan una vía para evitar que Rivera siga rentabilizando este asunto.