El PSC propone al resto de los partidos catalanes celebrar las elecciones «antes de Semana Santa»

Los socialistas han dado su brazo a torcer ante la negativa evolución de la pandemia en Cataluña y están dispuestos a negociar un cambio de calendario. Hasta ahora el PSC se había mostrado contrario, salvo que se decretara un confinamiento domiciliario, al aplazamiento de los comicios autonómicos. El partido que lidera Miquel Iceta, con Salvador Illa como candidato, contaba con el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez, y dos de sus ministros, Juan Carlos Campo y José Luis Ábalos, salieron este jueves a defender la inconveniencia y la dudosa legalidad de un aplazamiento decidido por Generalitat.

Es indudable que los socialistas no querían perder el impulso proporcionado por la candidatura del ministro de Sanidad, reflejado en varias encuestas y en las críticas del resto de formaciones a su nominación. Pero encastillarse en el 14 de febrero como fecha inamovible podía conducir a un conflicto político, jurídico e institucional de imprevisibles consecuencias.

El PSC se había quedado solo en la defensa de celebrar las elecciones dentro de un mes. En Comú Podem, PP y Vox han guardado silencio sobre la fecha, y las fuerzas independentistas, aunque se mostraban partidarias del aplazamiento, han tenido posiciones cambiantes. Ciudadanos y la CUP han sido los más claros partidarios del retraso de las votaciones. Desde el Gobierno catalán se remiten a las consideraciones de los responsables sanitarios, que aconsejan la postergación de los comicios hasta mayo o junio, e incluso a septiembre.

La discrepancia se trasladó al terreno institucional y el Gobierno de Sánchez y el catalán tuvieron este jueves el enésimo choque, en este caso sobre las consecuencias jurídicas que acarrearía un aplazamiento de las elecciones. «Cuidado», advirtió el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, porque lo que está en juego son derechos fundamentales y «la suspensión de la democracia puede tener consecuencias para la propia democracia».

Aseguró que el aplazamiento «no está contemplado en la Ley Electoral General». Además, abrió la puerta a que la decisión sea recurrida ante el Tribunal Superior de Cataluña. «El derecho tiene mecanismos de impugnación. Cautela ante una falta de previsión legal», advirtió Campo.

El Govern replicó con un informe de sus servicios jurídicos, que asegura que existe cobertura legal para el aplazamiento. El documento admite que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General no contempla la posibilidad de posponer unas elecciones, pero apunta que en Galicia y el País Vasco, en la primera ola de la pandemia, esta circunstancia no supuso un «obstáculo» apara aplazar sus respectivas elecciones de abril a julio, al «entender que esta suspensión podía decretarse y que el órgano competente para hacerlo era el mismo que era competente» para convocarlas.

«Como han demostrado muchos países, la pandemia no suspende la democracia», contraatacó el PSC antes de anunciar que presentará una propuesta para llegar a un consenso. Pero su plan se topará con la resistencia de Esquerra Republicana y JxCat, aunque los posconvergentes se habían mostrado en las últimas horas partidarios de ir a votar el 14 de febrero.