La Cámara de Cuentas avala la legalidad del contrato del hermano de Ayuso

El órgano fiscalizador, que aprobó este miércoles el informe definitivo sobre las 4.448 adjudicaciones de emergencia que el Ejecutivo madrileño firmó durante la pandemia, afirma haber encontrado solo pequeños defectos y solo en algunos de los contratos, entre los que no se halla el de Priviet Sportive.

El documento de la Cámara de Cuentas, al que ha tenido acceso este periódico, analiza 159 adjudicaciones de obras, 667 de servicios y 3.622 de suministros. Entre estos últimos contratos se encuentra el de las polémicas mascarillas por el que Tomás Díaz Ayuso ya admitió haber cobrado 55.850 euros, más IVA, por sus gestiones para traer el material desde Asia.

El órgano fiscalizador afirma que solo ha encontrado irregularidades en 20 expedientes de los más de 4.000 analizados (por valor de más de 943 millones de euros )y ninguno de ellos es la adjudicación a Priviet Sportive. Se trata de 18 contratos en los que la administración regional no ha aportado «justificación de haberse dado cuenta al Consejo de Gobierno» y de otros dos expedientes en los que se «ha utilizado la tramitación de emergencia para adquirir bienes no destinados a combatir la pandemia». En este último caso, están las compras de tres ecógrafos y dos máquinas para hacer mamografías, que nada tenían que ver con la pandemia, pero que se tramitaron dentro del paquete de la pandemia y por el procedimiento de urgencia (sin publicidad ni concurrencia).

«La mayoría de los contratos fiscalizados se ha adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta situación», concluye la cámara en su informe de 44 páginas.

La cámara, además de avalar la legalidad de la inmensa mayoría de los contratos, hace hincapié en que estas adjudicaciones se tuvieron que hacer en una situación extrema e inédita. «Desde el inicio de la pandemia se constató la enorme dificultad para acceder al mercado incluso mediante la utilización del procedimiento de emergencia», explica la institución, que recuerda «la imposibilidad de contar con los suministros sanitarios imprescindibles en las primeras etapas de la pandemia (EPIS, mascarillas, respiradores, guantes, etc.) tanto en España como en otros países». Todo ello, según la cámara «implicaba una enorme indeterminación en cuanto a la negociación y fijación de los precios, plazos de entrega, calidades o, incluso sin tener la certeza de si algunas de las actuaciones destinadas a atajar la emergencia sanitaria podrían llevarse a cabo».