Calvo esgrime que Sánchez nunca ha dicho que hubiera rebelión desde que está en el Gobierno

El pasado mayo Pedro Sánchez dijo en una entrevista en Antena 3 lo siguiente: «Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión». Hablaba, claro, de lo sucedido en Cataluña desde el 6 y 7 de septiembre de 2017. La grabación volvió a circular hasta hacerse viral la semana pasada después de que el presidente del Gobierno aplaudiera en el Congreso la afirmación de Aitor Esteban de que es una «frivolidad» hablar de ese delito y apelara a una enmienda de Federico Trillo en 1994 que lo ligaba al uso de las armas. Sólo un día después, la misma Calvo cuestionó en Onda Cero que pueda considerarse que lo que cometieron los líderes del proceso secesionista fuera rebelión e incluso apeló a la decisión del tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que denegó la extradición de Carles Puigdemont, para argumentar que sólo se produce cuando se ha hecho uso de «las armas».

En su comparecencia en la Moncloa, sin embargo, la número dos del Gobierno ha hecho un relato muy personal de todo lo anterior. «El presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña porque no compete al Gobierno pronunciarse», ha dicho con rotundidad. Ante el recordatorio claro de las palabras de Sánchez hace unos meses, ni siquiera ha titubeado y ha esgrimido que en mayo el secretario general de los socialistas no era aún presidente.

Lo que tanto el jefe del Ejecutivo como la propia Calvo defendieron la semana pasada cayó mal en el Tribunal Supremo, donde se entendió como una presión. Pero la vicepresidenta ha negado la mayor. Y lo mismo ha hecho la ministra de Justicia al sostener que el hecho de que la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, no acuse de rebelión «no socava ni afecta a la posición de nadie». «Se ha actuado con criterios jurídicos y técnicos. Hay un debate social y jurídico sobre lo que ocurrió en Cataluña el año pasado y ese debate se ha trasladado a la Abogacía que, analizando esos hechos, ha concluido que se cometieron los delitos de desviación de fondos públicos, sedición y desobediencia grave de resoluciones judiciales», ha alegado.

Delgado también ha negado que el hecho de que el escrito de acusación no vaya firmado por el responsable penal de la Abogacía, que es el representante en la causa, sino por la directora del órgano, Consuelo Castro, no se debe a que el Gobierno haya «impuesto» su criterio sino a se trata de una causa «extremadamente relevante».