Calvo desvincula la exhumación de Franco de las elecciones

La número dos del Gobierno también valoró durante una entrevista en Telecinco la confirmación del Vaticano de que no se opondrá a la exhumación. «El Cardenal Parolin -dijo- me ha transmitido que por la Iglesia Católica no hay ningún obstáculo para entender que el Gobierno pueda cumplir una ley». Y ello incluye al prior del Valle de los Caídos, quien ha amenazado estos meses con impedir el traslado. El entorno de Santiago Cantera confirmó a Efe que acatará una decisión si ésta proviene del Tribunal Supremo.

Parolin envió el 14 de febrero una carta a la vicepresidenta. En ella, el número dos del Papa Francisco apunta que «la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la Autoridad competente así lo dispone». También que «a la comunidad benedictina de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos le fue recordado y se seguirá recordando su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento y de respetar a las Autoridades civiles».

Con el problema de la Iglesia solucionado, al Gobierno ya solo le queda superar la oposición de los descendientes del dictador. «La familia tiene el derecho a recoger los restos, a discrepar y a defenderse con todos los recursos posibles, cosa que está haciendo en el marco garantista en nuestro Estado de Derecho», opinó Calvo.

De momento, el Ministerio de Justicia no ha tenido noticias de los Franco, a quien les resta de plazo una semana para presentar un recurso contra la exhumación o indicar al Gobierno el lugar donde se ubicará la nueva tumba, que los nietos del dictador pretenden que sea en la catedral de la Almudena.

De haber un recurso, como todo apunta que sucederá, será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra sobre el traslado. Una de las posibilidades es que el alto tribunal decida paralizar la exhumación mientras estudia el caso. En ese supuesto podrían llegar las elecciones del 28 de abril con Franco aún enterrado en el Valle de los Caídos. Y podría darse el caso de que un nuevo Gobierno de otro color político no estuviese interesado en completar el traslado. De hecho, tanto Pablo Casado como Albert Rivera consideran que sacar al dictador del Valle de los Caídos no es una prioridad para los españoles.