Secciones
Servicios
Destacamos
La noche del 25 de octubre de 2013, entre las 21:00 horas y las 2:50 de la madrugada, las alarmas no sonaron en la sede central del Grupo de Empresas de Matutes en Ibiza. El entonces policía nacional Rafael Rodríguez, vigilante de confianza ... del exministro del PP y 'rey del ocio' de la isla pitiusa, anuló las cámaras de seguridad y abrió con un soplete comprado en internet la caja de seguridad de las oficinas de la avenida Bartomeu de Roselló. Un depurado trabajo al tratarse de un habitáculo de unos dos metros de altura, un metro de ancho, 50 centímetros de espesor y con puerta de acero de doble hoja.
Rafael consiguió practicar un corte en el lado derecho de la caja de unos 30 por 20 centímetros, y por ese agujero extrajo decenas de fajos que sumaban 2.767.000 euros en metálico, procedentes de las cajas de las discotecas del empresario. Después, según relató la Fiscalía, escapó por el patio interior y se llevó el dinero a su domicilio, que estaba frente al edificio y pertenecía al grupo de Matutes.
El policía vivía en esa casa con su mujer y sus tres hijos, y cobraba 1.500 euros al mes desde 2009 por las tareas de vigilancia al considerado 'rey del ocio' de Ibiza. Una actividad que era incompatible con su función policial, motivo por el cual fue expulsado del Cuerpo por el Ministerio del Interior.
La siguiente mañana distribuyó el dinero por varios sitios. En un terreno de su propiedad en Sant Llorenç puso 194.995 euros dentro de un baúl, y el maletero de su Ford Fiesta guardó otros 782.000 euros. El 1 de noviembre, cuando fue detenido, entregó a los investigadores de la UDEV de la Policía la primera cantidad, y cinco días después les confesó dónde estaba la segunda.
El mismo día del robo, Rafael llamó al también agente José Joaquín Fernández y le pidió que le ayudara a esconder el resto del botín. La acusación remarca que Fernández sabía que el dinero procedía del robo en las oficinas de Matutes y accedió a esconderlo, aunque su defensa alega que desconocía la procedencia de la bolsa y que, en todo caso, hubo irregularidades en la cadena de custodia del dinero. Está acusado por un delito de encubrimiento.
Joaquín lo ocultó en dos cajas que enterró en un solar próximo a su vivienda, pero lo entregaría el 2 de noviembre. En una había 140.000 euros y en la otra, 655.000. Por tanto, del robo del metálico se recuperó 1.772.000 euros, por lo que faltaban 995.000. Una cantidad reclamada a posteriori por los abogados de Matutes y que la Fiscalía exige ahora al principal acusado del robo en concepto de responsabilidad civil.
Días después, el 18 de noviembre, Fernández denunció que dos tipos armados, uno de ellos encapuchado, asaltaron su casa a las 21:20 y les exigieron a golpes «el resto del dinero», es decir, el millón que no aparecía. Relató que estaba con su pareja cuando Miguel Ángel P. y el ciudadano rumano Adrián P. les propinaron una paliza para sacarles la confesión. Les dijeron incluso que «iban de parte de Matutes», pero se fueron con las manos vacías.
El policía, hoy suspendido de empleo y sueldo a la espera del juicio, se fue a la comandancia de la Guardia Civil en San Antoni de Portmany para denunciar los hechos. Identificaron a los agresores «sin ningún género de dudas» tras hacer una búsqueda en redes sociales relacionada con la empresas de Matutes.
Miguel Ángel regentaba el bar de copas 'La Moon' y Adrián fue portero durante tres años. Llegaron a ser detenidos por la Policía. Pese a los indicios aportados por los denunciantes, incluido partes médicos, la juez María Luisa Bustillo, titular del Juzgado de Instrucción número uno de Ibiza, acordó en agosto de 2015 el sobreseimiento provisional en base a que los reconocimientos fotográficos fueron irregulares, a que las intervenciones telefónicas no arrojaron datos relevantes y al resultado negativo del ADN obtenido en la casa de los agredidos. Bustillo no autorizó ruedas de reconocimiento ni la reconstrucción de los hechos y rechazó la citación de Matutes.
Esta resolución acabó en otro procedimiento por un delito de denuncia falsa contra los agredidos, que la juez Carmen Martín, titular del juzgado de instrucción tres de Ibiza, mandó a juicio. Los ahora denunciantes, Miguel Ángel y Adrián, reclamaban dos años de prisión a Joaquín y su pareja, 7.200 euros de multa y 3.000 más al primero por daños morales. Es decir, pasaron de agredidos a acusados en solo cuatro años por decisión de las dos juezas, a una de las cuales pidieron su recusación por cercanía con Matutes.
Pues bien, tras celebrarse la vista oral en el Juzgado de lo Penal uno de Ibiza, la juez Clara Ramírez ha absuelto ahora a los dos acusados con el apoyo de la Fiscalía. En la sentencia se da por buena la agresión al asegurar que no se puede acreditar que los hechos sean falsos. Tampoco se puede decir que sea mentira que los asaltantes fueran en nombre de Matutes porque en la búsqueda que hicieron aparecieron nexos.
El abogado del policía acusado por encubrir el robo, Fernando Pamos, manifestó a su satisfacción con esta sentencia, que demuestra «todo lo oscuro del robo y del dinero que se guardaba en las Empresas Matutes y cómo no es descabellado pensar, como esta resolución, que había mucho interés por recuperar el millón de euros sin testigos».
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.