En busca del cerebro de la 'operación Kitchen'

Desde el pasado viernes, el procedimiento ha entrado en una nueva dimensión tras concluir la primera tanda de declaraciones a los principales acusados. El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, puso el broche a las comparecencias de los mandos políticos y policiales investigados en esta pieza separada del 'caso Villarejo'. Una causa abierta por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y revelación de secretos.

Con el levantamiento del secreto del sumario a principios de septiembre, las estrategias de defensa ya se van perfilando.Describen un paisaje de fuego cruzado entre los encausados para asignar la autoría intelectual de este dispositivo de seguimiento sin control judicial.

¿Fue un encargo de los responsable de Interior o un trabajo por libre de la antigua cúpula policial con el sello inconfundible del excomisario José Manuel Villarejo? ¿La finalidad era recuperar los documentos que Bárcenas decía disponer sobre la 'caja B', y hacer control de daños para el PP, o hubo una pretensión de la camarilla policial de hacer negocio con la causa dada la relevancia de los donantes que aparecían en la contabilidad secreta del extesorero?

Para el juez instructor, Manuel García Castellón, los indicios recopilados hasta la fecha permiten determinar que las órdenes se dieron en el seno del Ministerio del Interior. Es decir, vinieron de los mandos políticos. No obstante, salvo un giro inesperado de los acontecimientos en los próximos meses, falta por saber por parte de quién y compilar los hechos incriminatorios para poder llevar la investigación a juicio con las máximas garantías.

Si el pasado jueves el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, apuntó que supo del operativo por boca de su jefe Fernández Díaz, un día después éste negó la mayor ante el juez. El exministro afirmó que conoció los hechos «por la prensa» y sostuvo, en una suerte de huida hacia adelante, que los mensajes enviados desde su teléfono a su número dos, en los que admite conocer en primera persona el desarrollo del dispositivo, pudieron ser manipulados por el propio Martínez como respuesta a la decisión del PP de no llevarle en las listas de las pasadas elecciones generales.

Creíble o no, Fernández Díaz optó por la estrategia de la avestruz. Si ha pasado algo yo no sabía nada; han sido desleales conmigo por no darme información; mi número dos actúa contra mí por despecho...A lo que el juez le respondió con sorna que para ser ministro «no se enteraba de nada» y que Interior bajo su dirección era «un reino de taifas».

Los dos indicios incriminatorios más sólidos contra el exdirigente popular, hombre de confianza de Mariano Rajoy, son precisamente la declaración de Martínez y los mensajes que éste llevó ante notario en verano de 2019. Lo hizo, «dolido», después de que su jefe dijera en una entrevista que no sabía nada de la 'operación Kitchen'.  

En el caso del ex secretario de Estado, su comparecencia no cumplió con las elevadas expectativas que se habían generado. «Voy a contar al juez todo lo que sé», aseguró a mediados de septiembre a 'El País'. Martínez, letrado en las Cortes, que aterrizó en Interior en enero de 2013, coincidiendo con el hallazgo de la fortuna oculta de Bárcenas en Suiza, se quedó a medias. No tanto por su silencio a las preguntas de las acusaciones, más pendientes de si elevaba la autoría intelectual del operativo a la cúpula del PP (Rajoy o María Dolores de Cospedal), como por su medida estrategia de dirigir el foco hacia la responsabilidad de Fernández Díaz.

Esta exposición no quiere decir que le estuviera incriminando, porque de ser así estaría admitiendo explícitamente que el dispositivo de espionaje a Bárcenas era ilegal. En cambio, uno de los puntos fuertes de su declaración fue sostener la misma tesis que han defendido los mandos policiales investigados: el operativo tenía la finalidad de identificar a los testaferros del extesorero y conocer dónde había escondido su dinero. Un plan perfectamente legítimo.

El único inconveniente de este alegato es la línea de defensa que está siguiendo uno de los hombres claves de 'Kitchen', el comisario Enrique García Castaño. Éste era responsable entonces de la unidad de apoyo a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, liderada por Eugenio Pino, un comisario también investigado y cercano al exministro.

Defendido por el despacho del juez inhabilitado Baltasar Garzón, García Castaño ha optado por colaborar con la investigación desde hace algunos meses, señalando sus cartas frente a la estrategia conservadora del resto de acusados. «A mí se me transmite desde el Ministerio del Interior que el plan era en realidad para descubrir si Bárcenas se había llevado algunos discos duros de la sede del PP, en los que aparecía la financiación que había recibido el partido de donaciones, pagos, etc.», ha admitido el comisario, echando por tierra la teoría de la búsqueda de los testaferros del extesorero.

En suma, en esta nueva fase de la causa se irá perfilando los papeles de cada investigado. En el caso de Francisco Martínez, el principal señalado, se deberá preparar además para responder a la negativa de Fernández Díaz de admitir su conocimiento de la 'operación Kitchen'.