Bruselas da otro toque a Sánchez por la reforma del Poder Judicial

El Ejecutivo comunitario advierte al presidente de que debe «consultar» con la oposición cualquier modificación que pretenda llevar a cabo

Viernes, 4 de diciembre 2020, 18:23

Segundo toque de atención del Ejecutivo comunitario al Gobierno de Pedro Sánchez por la nueva reforma del Poder Judicial que prepara. La Comisión Europea reclama que se consulte con la oposición, con las asociaciones judiciales y con la comisión de Venecia, el órgano consultivo del ... Consejo de Europa que asesora sobre temas constitucionales. «Es importante que los estados miembros cuando reforman el sistema judicial lleven a cabo las consultas necesarias con todos los actores relevantes y con la comisión de Venecia», remarcó este viernes el portavoz de Justicia de la Unión Europea, Christian Wigand.

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Bruselas asegura que «va a seguir de cerca la situación» y espera recibir más información sobre la propuesta que registraron el pasado miércoles el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso. Con ella, los socios de Gobierno pretenden limitar las capacidades del CGPJ cuando sus miembros estén en funciones –tal y como sucede actualmente– y, en particular, la de aprobar nombramientos.

Desde el Ejecutivo comunitario recuerdan que este órgano debe ser renovado sinque sea percibido «como vulnerable a la potilización» y siguiendo los estándares europeos para asegurar, en todo momento, que la independencia judicial «no se ve comprometida». El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo , ya abordaron en una reunión telemática la semana pasada esta reforma. «Esperamos más información del Gobierno de España», señaló Wigand.

El primer aviso desde Europa llegó a mediados de octubre después de que Sánchez culpase al PP del bloqueo en la renovación de la cúpula del Poder Judicial y promoviese una reforma que suponía un cambio en las mayorías de elección y que le permitía sortear el veto de los populares. Bruselas aseguró entonces que ese paso incrementaba el riesgo de politización del CGPJ, en funciones desde hace dos años.

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