Bruselas levanta el veto al Govern catalán siete años después

Aragonès ha logrado así levantar el veto que impidió a sus antecesores, Quim Torra y Carles Puigdemont, ser recibidos en Bruselas. Antes de que el independentismo pusiera en marcha el desafío contra el Estado, era bastante habitual que el presidente catalán o sus consejeros mantuvieran reuniones con comisarios europeos, tanto en Bruselas como en Barcelona. Los máximos dirigentes de la Generalitat incluso eran recibidos por el presidente de la Comisión Europea.

Tras años en que las relaciones quedaron rotas por el rechazo de la UE al proyecto secesionista, el deshielo se produjo en mayo de este año. La presencia de Pedro Sánchez en las jornadas del Círculo de Economía en Barcelona propició un breve saludo de Aragonès a la presidenta Ursula von der Leyen. Y la completa normalización de las relaciones se produjo este jueves. Aragonès aprovechó para trasladar a Reynders su preocupación de cómo ha gestionado España el 'caso Pegasus'.

Reynders, por su parte, trató de hacer ver a Aragonès la «importancia» de que dé cumplimiento a que al menos el 25% de horas lectivas en las escuelas catalanas se dé en castellano. Así lo sentenció en enero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tras rechazar semanas antes el Tribunal Supremo el último recurso de la Generalitat contra un fallo del TSJC de diciembre de 2020 que ya se pronunciaba en el mismo sentido. «Discutimos sobre la importancia de garantizar la plena aplicación de las sentencias judiciales y el cumplimiento de las normas de seguridad nacional con la legislación de la Unión Europea», escribió Reynders en un mensaje en Twitter.

Aunque el exministro belga no precisó el detalle de esa conversación, fuentes europeas consultadas por Europa Press enmarcaron la referencia al cumplimiento de las sentencias precisamente en la dictada por el TSJC. El presidente catalán esgrimió, por su parte, los problemas que se dan con el uso de las lenguas y señaló que la situación está aún pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos presentados por el Partido Popular y Ciudadanos, al haber aprobado el propio Govern y el Parlamento catalán sendas normativas para blindar el dominio casi absoluto del catalán en las aulas y no cumplir de esta forma la resolución del tribunal superior.