Bruselas carga contra el bloqueo en la elección de miembros del Poder Judicial

El documento comienza con la falta de renovación del Poder Judicial «ante la falta de un acuerdo en el Parlamento para renovar varios órganos constitucionales» –lleva desde diciembre de 2018 operando de forma interina–. No obstante, se define como «hecho positivo» la retirada de la polémica reforma del sistema para la elección que impulsaron el PSOE y Unidas Podemos para rebajar la actual mayoría parlamentaria necesaria de tres quintos  (es preciso sí o sí el concurso del PP) a una absoluta (al Gobierno le basta con sus socios independentistas y nacionalistas). Si llega a salir adelante, advierte el Ejecutivo comunitario, «habría aumentado la percepción del Consejo como vulnerable a la politización».

El comisario de Justicia, Didier Reynders, señaló que «en este nuevo informe estamos repitiendo lo que dijimos el año pasado, porque no hay aún una composición plena del Consejo desde el fin de 2018», lamentó.

En este contexto, recuerda que siempre ha hecho un llamamiento «para establecer un sistema de elección de los jueces-miembros del Consejo por sus pares de acuerdo con las normas europeas». «Es importante que se tengan en cuenta las normas europeas y que se consulte a todas las partes interesadas pertinentes», apostilla el informe.

El enésimo toque de atención a España llega en un momento clave después de que Félix Bolaños haya asumido el Ministerio de Presidencia y se haya propuesto como gran objetivo la renovación de los órganos constitucionales. No sólo el Poder Judicial, también parte del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Para hacerlo, el pacto entre el PSOE y el PP es imprescindible, pero Pablo Casado no se lo va a poner fácil al Gobierno. De hecho, la exigencia de Bruselas de que los jueces sean elegidos por los jueces es una de sus grandes líneas rojas en la negociación. Y ayer, su posición de fuerza se ha visto más consolidada.

España repite prácticamente el diagnóstico del informe publicado en septiembre de 2020, cuando Bruselas ya le advirtió sobre el bloqueo del CGPJ y sobre sus preocupaciones sobre la Fiscalía General del Estado. De Cataluña, ni palabra. «Es un asunto interno y no hay un problema de Estado de derecho en esta cuestión específica», reiteran fuentes comunitarias.

Con todo, el informe señala que se han adoptado o están previstas «varias medidas para mejorar la calidad de la justicia». Por ejemplo, «la revisión del sistema de asistencia jurídica y del Código de Procedimiento Penal y otros tres proyectos de ley sobre eficiencia procesal, organizativa y digital». En lo que se refiere a la prevención de la corrupción, se concluye que «España ha mejorado su marco de integridad y se ha comprometido a desarrollar legislación en áreas clave como la transparencia del lobby, un Código Ético para los funcionarios y la protección de los denunciantes».