Bruselas apremia a PSOE y PP a renovar y despolitizar el Poder Judicial

La primera de las reclamaciones que volvió a poner sobre la mesa Jourová, tanto en un desayuno informativo de Nueva Economía como en la comisiónde Justicia del Congreso, podría estar más cerca si el PP no da más largas y presenta al PSOE «antes de un mes», como anunció el lunes Esteban González Pons, una propuesta de renovación del Poder Judicial. La segunda, en cambio, parece más lejana porque, hasta ahora, el Gobierno ha rechazado cualquier fórmula que implique que no sean el Congreso y el Senado quienes tengan la última palabra a la hora de nombrar a los veinte miembros de esa institución .

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya dejó clara su posición el pasado septiembre, de forma controvertida, al argumentar que, en una democracia plena, «ni los jueces pueden elegir a los jueces ni los políticos a los políticos». Entonces no solo se le echó encima el PP –que, pese a sus críticas, también renunció a impulsar la reforma cuando pudo hacerlo, mientras gobernó con mayoría absoluta–; asociaciones de jueces como la Francisco de Vitoria no tardaron en recordar que el nuestro es, junto a Polonia, el único país de la UE en el que al Poder Judicial lo eligen solo los políticos.

Jourová incidió este martes de nuevo en esta cuestión. Subrayó que en la UE hay once países con un consejo similar al español y que, en su informe de 2021 sobre España, la Comisión ya advirtió de que debían cumplirse los estándares del Consejo de Europa, que exigen que la mayoría de sus miembro sean designados por los propios jueces. La representante de la UE esquivó una pregunta sobre si el no cumplimiento de esos criterios podría conllevar sanciones pero sí admitió que supondría una «vulneración» e insistió en que lo que busca Bruselas es «un sistema estable, que pueda sobrevivir a futuras elecciones».

El Gobierno carga todas las tintas sobre el PP. El último intento de renovar el CGPJ tuvo lugar en febrero de 2021y fracasó, por un lado, por el veto de los populares a los jueces Victoria Rosell (exdiputada de Podemos) y José Ricardo de Prada (el magistrado que firmó la sentencia del caso 'Gürtel') y, por otro, por la negativa del PSOE a sustituirlos. Después, el exlíder del PP, Pablo Casado, empezó a poner como condición para sentarse una cambio legislativo para «despolitizar» la institución (despolitización que no existió, en cambio, en la renovación del Tribunal Constitucional acordada meses después).

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, argumentó que de los 1.288 días de «anormalidad democrática» en el CGPJ, dos meses y medio corresponden a Alberto Núñez Feijóo. «¿Y ahora necesita un mes más de incumplimiento? Esto es incomprensible», recriminó. Sobre los comentarios de Jourová acerca de un cambio en el sistema de nombramientos, en cambio, el Ejecutivo no se da por enterado. Rodríguez defendió que los jueces ya «participan» en la elección de los miembros del Poder Judicial porque, desde 2001, doce de los vocales elegidos por el Parlamento salen de un listado que ellos presentan. «El drama –insistió– no es el sistema de elección. Es que el principal partido de la oposición se niega a cumplir la Constitución».

En el trasncurso de una reunión con la vicepresidenta de la Comisión, además, el ministro de Presidencia alegó que el modelo español es fruto de un pacto entre los principales partidos que lleva en vigor 35 años.

La duda que, por otro lado, dejó en el aire la ministra es si el Gobierno está dispuesto a esperar ese mes más reclamado por el PP o si moverá ficha y nombrará a los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar ahora, una vez caducado su mandato el 12 de junio, independientemente de que el Poder Judicial en funciones no pueda proceder a designar a los suyos. Bolaños amagó hace dos semanas con hacerlo pero fuentes del Gobierno se muestran ahora más prudentes.