El respaldo de ERC a la suspensión de Borràs sitúa al Gobierno catalán en riesgo de ruptura

Borrás siempre ha tratado de presentarse públicamente como víctima de una supuesta causa general contra el secesionismo a pesar de que su caso no tiene relación alguna con su el 'procés' o el referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional en 2017. Lo que la ha llevado a los banquillos es haber fraccionado, presuntamente, en pequeños contratos un proyecto que sumaba 300.000 euros para poder adjudicárselos a dedo a un antiguo colaborador cuando ejercía como responsable de la Institución de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2018.

El reglamento del Parlament contempla que, si no se aparta 'motu proprio', la Mesa pueda acordar «de manera inmediata» la suspensión de cualquier diputado procesado por delitos vinculados con la corrupción una vez sea firme el auto de apertura de juicio oral. Lo hace en un artículo votado en su día por la coalición con la que Convergencia, ERC y otros partidos independentistas se presentaron a los comicios de 2015, Junts pel Sí. Sin embargo, Borràs argumentó que el precepto genera «inseguridad jurídica» y que vulnera «derechos fundamentales» porque deja al albur de la interpretación subjetiva qué es y qué no es corrupción. «Aplican el reglamento del enemigo», llegó a recriminar a sus socios.

La dimensión que pueda alcanzar este nuevo episodio de tensiones entre Esquerra y Junts está aún por ver. A pesar de que algunas voces en el partido de Borràs apuestan desde hace tiempo por la ruptura, la posición de recién elegido secretario general, Jordi Turull, es que se debe continuar en el Gobierno aunque sea con una «reformulación del acuerdo» suscrito el pasado año. «Lo que no puede ser es que el diálogo sea el hipnotizador del movimiento independentista. Esto ya no da más de sí», dijo el pasado junio al diario 'Ara'. Lo acordado en el reciente congreso del partido fue tomar una decisión una vez 'auditada' la coalición.

El expresidente de la Generalitat Quim Torra, que este jueves participó en una concentración a las puertas del Parlament en defensa de su ya expresidenta, sí argumentó que el apoyo de Esquerra a la suspensión de Borràs debería afectar a la relación en la Generalitat. Pero Torra no es ni siquiera militante del partido. Más relevancia tienen las palabras de la propia dirigente . «No pienso permitir que los que están dando pasos atrás digan a los que damos un paso adelante que demos un paso al lado», atacó solo un día después de la tercera reunión de la mesa de diálogo en la que la delegación catalana, compuesta solo por consejeros republicanos, se comprometió, entre otras cosas, a aceptar que cualquier modificación institucional se haga «en base a los procedimientos de reforma establecidos».

Entregada a su papel de mártir del secesionismo, Borrás insistió en señalar, sin mencionar expresamente sus siglas, a la formación de Oriol Junqueras y Aragonès. «Los que deberían ser mis compañeros de viaje no tienen otra perspectiva política que la autonomía», censuró. Ya la noche anterior había lanzado un órdago en las redes sociales: «Los que me quieran muerta tendrán que matarme y ensuciarse». «Yo no renuncio, no me doblo, no han vencido –añadió este jueves-. Continuo afirmando que no hay objetivo más bello y noble que la libertad plena de mi país. Se vulneran mis derechos y los derechos de cada una de las personas que me votaron».

No todos en Junts estaban de acuerdo con esta estrategia y, según ha trascendido, en la reunión que la dirección mantuvo esta semana hubo partidarios de que su presidenta se apartara voluntariamente del cargo institucional para no perjudicar al Parlament, por un lado, y para no perder representatividad, por otro. Ella, sin embargo, se negó en redondo y, en público, la formación ha cerrado filas. De hecho, aunque muchos intentaran quedar en un seguno plano, casi todos los cargos del partido estuvieron en la concentración de apoyo que congregó a unas doscientas personas.

La suspensión de Borràs implica que no podrá participar en ninguna decisión de la Cámara y que tampoco percibirá su sueldo, pero no pierde el acta de diputada y, en caso de que resultara absuelta, podría recuperar sus funciones. Al no renunciar al escaño, será la republicana Alba Vergès, hasta la fecha vicepresidenta primera, quien ejerza como presidenta en funciones. Aun así, formaciones tan poco afines como Ciudadanos y En Comú Podem reclamaron que se evite esta situación de interinidad y se busque una fórmula para poder elegir una nueva presidencia, algo de lo que también es partidaria Esquerra que, no en vano, ha pedido a Junts que le haga una propuesta para preservar su acuerdo sobre el reparto de poder.