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El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante la reunión con su homóloga catalana, la consejera Laura Vilagrà. Vídeo: Atlas

El Gobierno abre una investigación en el CNI por el espionaje pero el Govern exige ceses

Aunque Sánchez adopta cuatro compromisos, la Generalitat los considera insuficientes e insiste en que la estabilidad del Ejecutivo peligra

Cristian Reino

Barcelona

Domingo, 24 de abril 2022, 12:15

El Gobierno se juega buena parte de la legislatura en la crisis política que ha estallado a raíz de la revelación del espionaje a los independentistas. Y aunque asegura que no tiene «nada que ocultar» y su conciencia está «tranquila», se ha activado para intentar ... reconducir las relaciones con el Govern. La Moncloa movió este domingo ficha: el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se trasladó al Palau de la Generalitat, en Barcelona, para reunirse con la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, se comprometió a «esclarecer los hechos» y anunció un paquete de medidas concretas, que ponen el foco en el CNI y abonan la sospecha de que la inteligencia española tuvo algo que ver en el presunto espionaje a 65 dirigentes secesionistas entre 2017 y 2020.

El Gobierno impulsará un «control interno» en el CNI para analizar el presunto espionaje. No es la investigación que pide Aragonès bajo supervisión independiente, pero algo se aproxima. El objetivo es que el resultado de esa auditoría pase por la comisión de secretos oficiales del Congreso, que lleva meses sin reunirse por los vetos cruzados entre unos y otros grupos. El ministro instó a los partidos de la Cámara a constituir de inmediato esta comisión en la que a su juicio deben estar «todas las fuerzas políticas, sin excepción», lo que significa que Vox y los independentistas tengan asiento.

Este es el foro en el que el Gobierno propone que comparezca la directora del CNI, Paz Esteban, para dar información, documentación y presentar las conclusiones del control interno. En paralelo, el Defensor del Pueblo anunció ayer que abrirá una investigación sobre el caso, extremo que fue apludido desde el Ministerio de Defensa. Bolaños mostró «plena disposición del CNI para facilitar y colaborar en las actuaciones» que iniciará la Defensoría dirigida por Ángel Gabilondo. Y además, se comprometió a «desclasificar» documentos secretos si así lo requiere la investigación.

Tras la reunión, de dos horas, Bolaños y Vilagrà comparecieron por separado. La consejera de la Presidencia calificó de «insuficientes» las medidas que acababa de detallar el ministro y no dudó en afirmar que el encuentro había ido «mal». El Govern insiste en exigir que rueden cabezas, sin precisar en quién piensa, si bien en este punto los nacionalistas no se ponen de acuerdo. Junts señala directamente al presidente del Gobierno y Oriol Junqueras apunta a «ministros del PSOE», mientras en el equipo de Aragonès son más cautos. En las filas de Junts también aprietan al president para que rompa con Sánchez y dinamite la legislatura española, pero de momento aguanta.

«Muy preocupado»

Vilagrà, en cualquier caso, mantuvo el tono amenazante del presidente de la Generalitat en esta última semana y advirtió de «consecuencias graves» para la estabilidad parlamentaria del Gobierno si en unos días las buenas intenciones del ministro no se convierten en explicaciones convincentes y en la asunción de responsabilidades. En el Govern entienden que las medidas anunciadas por el Gobierno tienen trampa, pues si no se constituye la comisión de secretos oficiales, no tendrán ningún recorrido, ya que en el CNI siempre podrán acogerse a la ley de secretos oficiales para no avanzar en los informes. «El Gobierno no tiene garantizado nuestro apoyo de manera genérica», advirtió la consejera. Fuentes del Ejecutivo catalán ven al entorno de Pedro Sánchez «muy preocupado» con la votación del jueves del decreto de las medidas anticrisis y con el resto de la legislatura, a pesar de que en el Gobierno se muestran confiados.

El Ejecutivo necesita que ERC regrese a la mayoría de la investidura. Los republicanos no han roto formalmente -han congelado las relaciones-, pero amenazan al Gobierno con convertir cada votación en el Congreso en un Vietnam. La primera prueba, este jueves, el decreto sobre las medidas para mitigar los efectos de la guerra en Ucrania. En el horizonte, hay más votaciones: la 'ley mordaza', la de memoria democrática, la audiovisual, la de vivienda y la del 'solo sí es sí'.

Al respecto, Bolaños pidió a los republicanos no mezclar carpetas y señaló que el objetivo de la reunión era «recuperar la confianza» entre la Moncloa y el Palau, algo que no consiguió, según la versión catalana. El Gobierno sabe que tiene que seguir moviendo ficha, pues la confianza está muy deteriorada. Sus bazas pueden estar en una reunión entre Sánchez y Aragonès y en la convocatoria de la mesa de diálogo.

Como prueba de la desconfianza, la consejera pidió al ministro al inicio del encuentro que los móviles se quedaran fuera de la sala. Por si siguen actuando los espías. En la mesa, solo se sentaron el ministro y la consejera, y a una buena distancia el uno del otro. Bolaños, que llegó 40 minutos tarde, le regaló un libro con motivo de Sant Jordi: 'En defensa de la conversación', de Sherry Turkle.

El precedente de Alberto Saiz y la irrupción del Defensor del Pueblo

Por M. B.

Las medidas del Gobierno para conocer la posible responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el ciberespionaje «indiscriminado» al independentismo catalán tiene un precedente en 2009, con el escándalo que provocó la dimisión del entonces director, Alberto Saiz, acusado de utilizar los medios de la institución para beneficio propio.

Desde que se conocieron unas fotos comprometedoras de Saiz, el caso duró varios meses y en ese período el Gobierno de Zapatero abrió una investigación en el CNI después de que Saiz –hombre de confianza de José Bono– compareciese en la comisión de Defensa y de secretos oficiales. Pese a que había sido renovado en abril, las explicaciones que dio fueron insuficientes porque tras sustanciarse la investigación interna presentó su dimisión en septiembre.

En el caso del ciberespionaje en Cataluña, la novedad radica en que el Gobierno contará además con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para tener otras conclusiones a las que determina la investigación en el CNI.

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