El bloque conservador del CGPJ eleva el tono contra Sánchez por «deslegitimar las instituciones»

Ese mismo día, en pleno debate en el TC por el pleno convocado de urgencia, y luego retrasado al lunes, para resolver las medidas cautelarísimas reclamadas en el recurso de amparo del PP contra la reforma judicial de PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez manifestó, tras participar en la sesión de trabajo del Consejo Europeo, que «la derecha política y judicial han querido atropellar la democracia».

Estas declaraciones se produjeron tras las realizadas por portavoces parlamentarios, en las que se vertieron «groseras descalificaciones» sobre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, según critica el comunicado difundido este sábado por el bloque conservador del Consejo, formado por ocho de los 18 vocales actuales del órgano de gobierno de los jueces.

Este sector considera «irresponsable» hacer ese tipo de aseveraciones, «carentes de todo fundamento y más aún cuanto que supone transitar de la confrontación partidista a la deslegitimación de la instituciones ante la ciudadanía». Estos vocales añaden que tanto el máximo intérprete de la Constitución como los Tribunales de la Jurisdicción ordinaria «han contribuido decisivamente a la consolidación de la Democracia, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución».

Por este motivo, añade el comunicado, la Comisión Europea exige que, para respetar el Estado de derecho, los miembros de los gobiernos y parlamentos de los Estados de la Unión Europea deben «abstenerse de actuaciones y declaraciones públicas que puedan socavar la legitimidad del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales ordinarios, los jueces, individual o colectivamente, o del poder judicial en su conjunto» (Recomendaciones de la Comisión Europea 2016/1374, 2017/146 y 2017/1520).

El Estado de Derecho, concluyen, «es la piedra angular de una sociedad democrática, donde los tres poderes y todos los ciudadanos están sometidos al imperio de la Constitución, bajo cuyo cobijo se garantiza la convivencia libre y pacífica, en condiciones de igualdad». Y añaden que «el cumplimiento del orden constitucional y garantizar los derechos de los ciudadanos es el papel fundamental que los jueces cumplen, con independencia de sus ideas u opiniones particulares».

Por todo ello, los vocales firmantes -Carmen Llombart, Francisco Martínez Tristán, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz, Jose Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Jose María Macías y María Ángeles Carmona- hacen un llamamiento «a una convivencia regida por los valores de la concordia, la libertad y la seguridad jurídica, cuyo cumplimiento es especialmente exigible a todos quienes desempeñamos responsabilidades públicas». El comunicado está escrito también en inglés para su difusión en medios europeos.

Este reacción llega a 72 horas de celebrarse un pleno extraordinario en el CGPJ para la votacion de los candidatos al Tribunal Constitucional. El cónclave fue forzado precisamente por el bloque conservador para no someterse a la reforma que se tramita en las Cortes Generales sobre el sistema de elección de los magistrados al TC en el propio Consejo, que supone un cambio de mayorías (de tres quintos a mayoría simple) para evitar el bloqueo permanente.

Para poder celebrarse la sesión del martes, los conservadores del CGPJ -vocales elegidos a propuesta del PP en 2013- se han visto obligados a presentar a sus dos aspirantes a la corte de garantías: los magistrados del Tribunal Supremo César Tolosa y Pablo Lucas. Quienes se suman en la lista al nombre acordado por los consejeros progresistas hace alguna semanas, el también integrante de Supremo José Manuel Bandrés.

La votación exige un mínimo de 11 de los 18 votos en liza, por lo que dada la división existente entre los bloques exige un consenso entre los vocales. No obstante, la idea fuerza de los conservadores pasa por rechazar a Bandrés por su cercanía a Cándido Conde-Pumpido, magistrado progresista del TC y candidato a la presidencia si se consuma el cambio de mayorías en la corte como busca el Gobierno con las enmiendas impulsadas por PSOE y Unidas Podemos a la reforma del Código Penal. Una iniciativa legislativa que podría ser suspedida en el pleno del lunes que celebrará el Constitucional.