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A pocas semanas de que PSOE y Unidas Podemos se sienten para negociar los Presupuestos de 2021, el partido morado ha empezado ya poner sobre la mesa sus exigencias para sacar adelante las cuentas públicas. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra volvió a exigir ... este viernes a sus socios de Gobierno que se introduzca la regulación del precio de los alquileres en la futura ley de vivienda, uno de los principales puntos de fricción entre las dos formaciones del Ejecutivo desde la investidura de Pedro Sánchez.
Belarra, que encabeza el equipo de Unidas Podemos en las negociaciones del texto desde noviembre de 2020, cuando aún era Secretaria de Estado para la Agenda 2030, llegó a afear la reunión mantenida por el presidente del Gobierno con representantes de fondos de inversión durante su viaje a Estados Unidos. «Quiero transmitirle al conjunto de la ciudadanía la tranquilidad de que los fondos buitre no votan en el Congreso, quienes votan son los diputados y diputadas», afirmó antes de presentar una ponencia en la Universidad Complutense de Madrid.
Eso sí, tras ser cuestionada sobre posibles reticencias de dichos fondos a la futura Ley de Vivienda, Belarra mostró su confianza en que esta normativa va a cumplir con el acuerdo de gobierno entre ambos socios y va a regular los precios del alquiler, «homologando a España con el marco legislativo europeo ya existente», añadió.
Un día antes, en el mismo marco, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había asegurado que los fondos de inversión tiene como finalidad «ganar dinero» mientras que la meta de los gobernantes «progresistas» es «mejorar la vida de la gente». Por todo ello, confió en que la reunión de Sánchez con estas corporaciones «se conversara sobre su fiscalidad». También quiso remarcar que Unidas Podemos «no está en el Ejecutivo para mejorar su rentabilidad».
En el partido morado son conscientes de que la legislatura se encuentra en un momento clave, con el proceso de vacunación avanzado y la inminente llegada de los fondos de recuperación europeos. Por ello, han abandonado el segundo plano que mantenían desde la salida de Pablo Iglesias, incluso en asuntos delicados como las protestas en Cuba o la crisis diplomática con Marruecos, y empiezan a marcar su agenda social.
En esa línea de regresar a la confrontación con sus socios, la ministra de Derechos Sociales emplazó al PSOEromper «de una vez» con los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede que datan de 1979, así como poder sacar la asignatura de Religión en las escuelas públicas, y espera que la postura del PSOE «no se quede en papel mojado». También apostó por la reversión de las inmatriculaciones «ilegales» de la Iglesia o reclamar que abonen el IBI en sedes y templos, para que se «corresponsabilicen» con los ingresos del conjunto del Estado.
Belarra celebró, en cambio, que los socialistas estén dispuesto a aumentar las ayudas a las familias vulnerables con hijos y recordó su propuesta para destinar 100 euros al mes a estos.
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