El Gobierno de coalición afronta su mayor crisis desde la marcha de Iglesias

La dirigente, también ministra de Derechos Sociales, ni siquiera apuntaba en los escasos doscientos caracteres de su 'tuit' a las razones de esa demanda, que además llegó el mismo día en el que Batet tenía que decidir sobre la retirada o no del escaño al diputado Alberto Rodríguez, como reclamaba el Tribunal Supremo. Pero fuentes de su partido se encargaron de ponerlo en contexto.

La tormenta se había desatado la jornada anterior, cuando la vicepresidenta económica, Nadia Calviño –que ayer obtuvo el respaldo explícito de Pedro Sánchez– aseguró en el XXII Congreso Confederal de CC OO que la verdadera negociación de la reforma laboral aún no ha comenzado y que todo lo que había habido hasta la fecha eran «contactos preliminares».

Las palabras de la vicepresidenta primera –que, para satisfacción de la patronal, siempre se ha mostrado partidaria de abordar la creación de un nuevo marco laboral con un «planteamiento equilibrado» y «responsable»– sentaron a cuerno quemado en el Ministerio de Trabajo porque Yolanda Díaz lleva meses celebrando reuniones prácticamente semanales con sindicatos y empresarios en torno a esta cuestión. Pero aquello fue solo una primera advertencia por parte de Calviño a la máxima representante de Unidas Podemos en el Ejecutivo. Horas después, le comunicó por escrito que, desde ese momento, asumiría la coordinación de la negociación.

En los últimos días, en el ala socialista del Gobierno se venía gestando un cierto malestar porque, según fuentes ministeriales, lo que se había acordado era que Díaz fuera negociando las cuestiones de la reforma que afectarían a su Ministerio, como las relativas a la contratación (simplificación de los tipos de contrato o reducción de la temporalidad), pero no que, de manera unilateral, abordara cuestiones en las que el mayor el peso corresponde a otros departamentos.

La sorpresa se produjo la semana pasada, cuando Trabajo puso encima de la mesa del diálogo social una propuesta en la que se incluía también cómo debía ser el nuevo esquema de ERTE permanente, en el que es fundamental el papel de la Seguridad Social. Lo hizo, dicen, sin consensuar y sin previo aviso. En Economía se enteraron por la prensa. Lo que cayó como un jarro de agua fría. De ahí, la reacción de Calviño, interpretada, a su vez, por la ministra de Trabajo como un «claro intento de intromisión» en las competencias de su departamento.

Fuentes cercanas a Díaz sostienen que las líneas básicas de actuación ya se pactaron en el acuerdo de gobierno y en el componente 23, después de seis meses de trabajo, para diseñar las medidas que se incluían en el plan de resiliencia enviado a Bruselas. Por eso defienden que ahora ya es una responsabilidad exclusiva de la vicepresidenta segunda y por eso exigieron convocar la comisión de seguimiento de su acuerdo con el PSOE. En Unidas Podemos se apresuraron, de hecho, a tildar la actuación de Calviño de «grave».

Tanto desde la dirección del PSOE como desde la Moncloa rebajaron desde un primer momento, en todo caso, la importancia de lo ocurrido. De hecho, aunque la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, se puso rápidamente en contacto con Belarra para cuadrar la celebración del encuentro demandado, trató de templar el asunto. «Veremos cómo lo encajamos a lo largo de la semana próxima pero, desde luego, esta no es una cuestión que exija dejar la agenda ya prevista de inmediato», adujeron desde el Gobierno.

El mensaje que se quería trasladar a Unidas Podemos era claro: esta vez no ganarán la batalla. El propio Sánchez, que hace tan solo unas semanas antepuso el criterio de sus socios al de Calviño con el alza del Salario Mínimo Profesional (sin acuerdo con los empresarios), advirtió desde Bruselas a primer hora de la tarde de que no permitirá que Díaz imponga su criterio en un asunto complejo, sensible y mirado muy de cerca por la Comisión. El jefe del Ejecutivo trató de minimizar la crisis con el argumento de que lo importante es que ambos socios comparten que su propuesta debe estar lista antes de fin de año (ese es el compromiso adquirido con Bruselas)_y que también están de acuerdo en que la reforma ha de ser «integral» para «eliminar muchos de los males de nuestro mercado de trabajo, agravados por el PP, como la precariedad y la creación de empleo».

Dicho esto, hizo suyos los argumentos de la vicepresidenta primera y ministra de Economía. «Esta – alegó– es una reforma estructural que afecta a cinco ministerios (Seguridad Social, Educación, Hacienda....) No hay intromisión, lo que hay es colaboración, coordinación y un aporte por parte de todos los ministerios –adujo–; esto es lo que hemos hecho también con los Presupuestos y con la ley de vivienda. Sé que es una forma de proceder más laboriosa pero es la más efectiva».