Los barones del PSOE se ponen en alerta por el 19-J, la inflación y «los líos» del Gobierno

Las alarmas han empezado a sonar, pero, al menos de momento, se mantienen en unos niveles moderados. Las situación está lejos de alcanzar el grado de ansiedad que vivió el PSOE en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales de 2011, cuando los barones acabaron forzando a José Luis Rodríguez Zapatero a renunciar a la reelección en la esperanza de que su marcha revitalizara unas siglas achicharradas por la gestión de la crisis financiera. La forma en que Bruselas ha decidido afrontar la sacudida provocada por la pandemia ha propiciado en los dos últimos años un colchón con el que los socialistas no contaron entonces, cuando bajo el apremio de los mercados y la propia UE hubo, entre otras cosas, que congelar las pensiones y recortar el sueldo de los funcionarios. Sin embargo, y de forma soterrada, pueden intuirse demandas hacia la dirección federal.

Los rumores sobre una nueva remodelación de Gobierno como la de julio del pasado año son recurrentes desde hace semanas, aunque tanto miembros del Ejecutivo como de la cúpula socialista ponen en duda que la medida pueda servir para tomar impulso en tanto en cuanto la inflación, que engulle sin piedad cada uno de los cortafuegos que ha intentado levantar Pedro Sánchez –desde la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante al límite al precio del gas–, no se relaje. Desde territorios clave como Castilla La Mancha, Aragón o incluso Extremadura, sin embargo, se apunta también en otra dirección: la relación con Podemos.

El nivel de rotundidad con el que se argumenta que Sánchez debe empezar a actuar con mayor firmeza frente a sus socios varía según los casos. Pero hay un denominador común en la convicción de que trifulcas como la que este jueves mismo protagonizaron las vicepresidentas primera, segunda y tercera –Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera– a cuenta del impuesto a las elécticas que Unidas Podemos quiere incluir en el decreto de prórroga del plan anticrisis solo contribuyen a ahondar la sensación de desgaste.

En la ejecutiva que preside de manera periódica Sánchez no se ha hablado hasta ahora de qué hacer tras el 19-J. «Habrá que esperar a conocer el resultado», aducen varios de sus miembros. Más allá de este asunto concreto, sin embargo, distintos cuadros trasladan su preocupación ante lo que perciben como una falta de análisis riguroso por parte de la dirección federal sobre «asuntos troncales» como cuál debe ser la estrategia frente a Vox o por qué el partido está siendo incapaz de rentabilizar la caída en votos de Podemos.

Nadie tiene, a estas alturas, ninguna duda de que agitar el miedo a la ultraderecha es un ejercicio inane. «Solo nos funcionó en abril de 2019», admite un dirigente. Sin embargo, el PSOE no ha sido capaz de diseñar otra respuesta para frenar el crecimiento de una formación que se está haciendo fuerte en sus antiguos feudos rurales, circunscripciones que serán esenciales para resistir en las próximas generales. «En las últimas, fuimos los primeros en el 90% de las provincias pequeñas; ahora ellos entran con fuerza y eso puede desequilibrar fácilmente la balanza», avisan desde uno de los territorios afectados por el fenómeno.

El PSOE no está, en todo caso, para revueltas. El recuerdo de la batalla fratricida de 2016 y 2017 y el modelo de partido que se instauró después dejan poco margen para ello y tampoco existe, en este momento, un diagnóstico unánime entre los barones sobre qué hacer. Algunos creen que los vínculos con Bildu y ERC siguen pasando mucha factura y que habría que aprovechar lo que queda de legislatura para buscar pactos más transversales, perder el miedo a pactar con el PP asuntos de Estado e incluso sopesar una abstención en Andalucía dentro de un pacto global que garantice que el día de mañana la actitud será recíproca.

Un acuerdo de esa índole, argumentan algunas fuentes, transmitiría un mensaje de estabilidad y centralidad. También resultaría tranquilizador en lugares donde los socialistas ya saben que solo gobernarán si tienen mayoría absoluta, como Castilla-La Mancha y Extremadura, precisamente porque en el Parlamento solo entrarán tres partidos y el tercero será esta vez Vox. «Pero esto –rebaja un dirigente territorial– es una opinión personal».