El PP se opone a la retransmisión del juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

En un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, los abogados del partido argumentan que no hay razones de «interés social» o «transparencia del proceso» que pudieran justificar tal medida. La reacción desde los servicios jurídicos surge después de que el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitara la emisión de las sesiones de este juicio -comenzará el próximo 14 de junio- en «aras de la transparencia judicial» y dado «el interés social» del procedimiento.

En esta causa están procesados la tesorera nacional Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación, Alberto Durán, por su presunta responsabilidad en la destrucción de los ordenadores que Bárcenas usaba en la sede del partido. Les atribuyen delitos de daños informáticos y de encubrimiento. Según la juez instructora, «la información fue destruida a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física».

El PP considera en su escrito que «la verdadera motivación que parece subyacer a la petición del gabinete de comunicación es la realización de un juicio mediático que ocasionaría el escarnio público de los acusados». Una circunstancia que «intensificaría la pena de banquillo a la que llevan sometidos desde su imputación», razón por la que pide al juez que se oponga.

En concreto, afirma que la emisión «vulnera los derechos a la intimidad, a la propia imagen y al honor» del PP, «y muy especialmente de su representante especialmente designado así como del resto de intervinientes, que no son políticos sino personas anónimas».

Además, asegura que la emisión «pone en riesgo el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y el correcto desarrollo del proceso, por el componente intimidatorio inherente a la presencia de medios audiovisuales en la sala que están retransmitiendo el juicio en directo». Esta situación «podría incluso llegar a afectar al derecho a la presunción de inocencia de los acusados», porque se generaría un «juicio paralelo» en la sociedad.

Para la defensa del PP, basta con la presencia de periodistas en la sala del juicio para garantizar el derecho a la información, pues «no necesitan la utilización de medios audiovisuales para proporcionar una información veraz a la ciudadanía».

En todo caso, solicita al juez que si decide autorizar la emisión adopte medidas tendentes a evitar la identificación de los acusados, testigos, peritos y demás intervinientes, con planos desde atrás o edición para hacer irreconocibles los rostros, «en especial del representante especialmente designado del PP, que será un abogado ajeno al partido».

Las defensas de Moreno y Navarro presentaron escritos en la misma línea. En el caso de la tesorera, incidió en que «no es Bárcenas a quien las acusaciones populares someten a pena de banquillo». «Lo que conscientemente se omite en la solicitud es el exclusivo interés en la declaración potencialmente mediática de dos de los testigos, que sí han sido personajes públicos», apunta en relación a Bárcenas y a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que están citados a partir del 20 de junio.

Se da la circunstancia de que la Fiscalía no ve delito y la causa se sustenta solo con la acusación popular ejercida conjuntamente por Izquierda Unida, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y el Observatorio de derechos humanos DESC. Bárcenas llegó a ejercer la acusación particular, como afectado, pero retiró su personación antes del juicio de la pieza principal del ‘caso Gürtel’, por el que ya cumple condena en prisión.