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«A principios de 2009, tuvimos una reunión en su despacho, en la que le mostré los papeles de esta contabilidad B, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esta documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber ... que yo guardaba copia de esta documentación». Así relata Luis Bárcenas el encuentro que mantuvo con Mariano Rajoy, en el que el entonces líder del PP trituró las hojas contables de los ingresos en negro que recibía el partido de empresarios y constructores a cambio de contratos con la administración.
El exresponsable de las finanzas de los populares, primero como gerente entre junio de 1990 y junio de 2008, y después como tesorero hasta julio de 2009, describe con lujo de detalles en un escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción la mecánica «institucionalizada» seguida por el PP para su financiación irregular. Bárcenas señala en el texto que da este paso para acreditar su «voluntad de colaborar con la Justicia» estimulado por el encarcelamiento de su esposa, Rosalía Iglesias, después de que desde el que fuera su partido le hicieran llegar promesas de que no iba a entrar en prisión. Pero hay un segundo hecho que impulsa al extesorero a 'tirar de la manta', la 'operación Kitchen', según precisa en su comunicación de ocho páginas a la Fiscalía.
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El extesorero señala que el sistema se instauró en 1982, y entonces el PP era Alianza Popular bajo el liderazgo de Manuel Fraga, y continuó con José María Aznar, que se puso al frente del partido en 1989, y después con Mariano Rajoy. La caja B, explica, se nutría de «donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionada con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas». El dinero «en metálico» lo recibía su antecesor en la tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta, «estando yo presente en algunas» entregas.
Las aportaciones las recibía Lapuerta porque era la «persona de la máxima confianza del partido y la persona designada de poner en conocimiento –si fuera el caso- al ministro que fuera competente en razón de la obra o servicio» que se trataba de adjudicar. Las aportaciones se materializaban en el despacho del tesorero en la sede de la calle Génova 13 de Madrid, «y en ocasiones en los restaurantes donde se quedaba con el donante». No había recibos, y solo a veces Lapuerta apuntaba estas entregas «en tarjetas de visita» para que quedara constancia. «De todas estas acciones era perfectamente conocedor Mariano Rajoy», sostiene Bárcenas en su escrito a los fiscales.
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Mateo Balín
El extesorero también confirma que con esos fondos opacos se pagaban «complementos salariales» a dirigentes del partido que abonaba Lapuerta, aunque «en ocasiones» él mismo se encargó de efectuar los pagos. Los beneficiaros de los sobresueldos, según Bárcenas, fueron Rajoy, Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Javier Arenas y Jaime Ignacio del Burgo. Los abonos, prosigue el extesorero, se hacían en metálico, se metían «en un sobre» con el nombre del dirigente correspondiente, y la periodicidad «dependía de la liquidez de la caja».
La confesión del extesorero se produce a tan solo cinco días del comienzo en la Audiencia Nacional del juicio por la Caja B. Tras una larga serie de avatares desde que la causa llegara a la Sala en 2015 una vez finalizada la instrucción, el tribunal compuesto por José Antonio Mora, Fernando Andreu y María García se adentrará de lleno, esta vez sí, en el análisis de la existencia de una 'caja B' en el PP durante cerca de dos décadas: 1990-2009.
Por estos hechos se sentarán en el banquillo Luis Bárcenas (se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión por presunta apropiación indebida, falsedad documental y delito fiscal), el exgerente Cristóbal Páez (18 meses) y los responsables de Unifica, la empresa que se encargó de la reforma: Gonzalo Urquijo y Belén García, para quienes piden tres años y diez meses, y la empleada Laura Montero, señalada solo por la acción popular. La Fiscalía no vio delito tributario del PP, como persona jurídica, en las donaciones de empresarios reflejadas en los 'papeles de Bárcenas' a cambio de adjudicaciones, aunque sí considera a la formación responsable civil por los presuntos pagos en negro de las obras procedentes de la 'caja B'.
Bárcenas cumple una condena de 29 años por el 'caso Gürtel'. Pero el golpe más duro para el excargo popular es la pena de 12 años que se le impuso a su mujer, Rosalía Iglesias.
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