El PP, contra la armonización fiscal y en defensa del modelo madrileño

El PP desplazó este viernes a Cataluña a dos de sus principales dirigentes, el presidente del partido y la presidenta de la Comunidad de Madrid, para cargar contra el modelo de armonización fiscal que defiende el acuerdo alcanzado para los presupuestos entre los socialistas y Unidas Podemos y Esquerra Republicana. Pablo Casado viajó a Tarragona e Isabel Díaz Ayuso completó su segundo día de visita a Barcelona. La cercanía de las elecciones y el riesgo de que Vox pueda dar el sorpasso a los populares en la comunidad catalana ha obligado a la formación del centro derecha a lanzar ya a la campaña a sus primeros espadas.

El PP ha encontrado en la comparación entre Madrid y Cataluña una bandera ideológica para cargar contra el Gobierno y los secesionistas. Frente a una Cataluña que es un «infierno fiscal», según calificó Casado, y donde los padres no pueden escolarizar a sus hijos en castellano, tal y como denunció, Ayuso, los populares exhiben Madrid casi como si fuera el último reducto que queda de libertad en España, donde no se cierran los bares para combatir la pandemia y donde las empresas que huyen del «acoso» independentista son bienvenidas, según expresó la presidenta regional.

Es casi el mundo al revés. El PP advierte ahora a ERC de que lo que ha firmado con Pedro Sánchez será «papel mojado» porque el Gobierno no cumplirá las promesas de inversión -en Cataluña sólo se ejecutó en 2019 el 40% de las partidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado, dijo- y al mismo tiempo defendió el modelo específico tributario de la Comunidad de Madrid, en contraposición a quienes pretenden un sistema igual para todos. «No tiene mucho sentido que un partido independentista quiera ir contra el margen de las autonomías para decidir cuáles son sus impuestos», expresó en la capital tarraconense, donde arropó al candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández.

Casado dará la batalla por mantener el modelo madrileño, hará bandera de la bajada de impuestos, en plena crisis, y llama a la rebelión autonómica contra la armonización fiscal, al advertir de que va contra las singularidades de algunas comunidades como Euskadi, Navarra o Canarias. «Es ilegal e inconstitucional», avisó. El Gobierno y ERC solo han pactado de momento la creación de dos grupos de trabajo «para establecer las bases para una reforma tributaria estructural a medio y largo plazo que modernice y aumente la eficiencia del sistema tributario del Estado» y «analice la reforma del Impuesto sobre el Patrimonio», pero los populares ya amenazan con presentar recursos de inconstitucionalidad.

Unos y otros gesticulan a solo dos meses y medio de las elecciones catalanas. El PP, en defensa de Madrid, y ERC, que se ha erigido en el abanderado de las autonomías molestas con el «dumping fiscal» de la capital del Estado. «No queremos subir los impuestos a los madrileños», dijo ayer Pere Aragonès. «Lo que queremos es que los ricos de Madrid paguen impuestos», remató. Aragonès lleva días comparando a la Comunidad de Madrid con Luxemburgo. En Madrid no se paga el impuesto de patrimonio. El Gobierno central también acusa a la Comunidad de Madrid de dumping fiscal con impuestos como el de sucesiones o donaciones y el IPRF y estudia cambios de cara a la reforma del modelo de financiación autonómica, una cuestión pendiente que volverá con fuerza tras las elecciones catalanas, pues unos y otros empiezan a tomar posiciones y los recursos escasean en plena gestión territorializada de la pandemia.

Ayuso, que ha adoptado la retórica que empleaban los independentistas, ha ganado protagonismo en la pugna territorial y advierte de que defenderá el modelo madrileño con «uñas y dientes». «Rufián tiene razón. Madrid es un paraíso. Pero de libertad y de respeto a los ciudadanos, y no de imposición política», afirmó, tras reunirse con la entidad constitucionalista Sociedad Civil Catalana. «Descarto ese mantra sobre la armonización fiscal. Solo pretenden imponer ideológicamente una política fiscal, no para mejorar Cataluña, sino para seguir perjudicando a Madrid», remató.

La presidenta madrileña abrió las puertas de la comunidad a más empresas catalanas, algunas de las cuales huyeron a la capital de España por el temor a la inestabilidad del 'procés', pero también por las ventajas fiscales.

Andalucía y la patronal CEOE señalaron que solo apoyarán una armonización fiscal si es a la madrileña, esto es, si implica bajada de impuestos. El PNV, por su parte, defendió el sistema específico vasco. Dijo que el acuerdo entre el Gobierno y ERC para avanzar hacia una armonización fiscal «está bien» aunque recordó que Euskadi se rige por el concierto económico y está fuera del «régimen común».