Ayuso denuncia en la Fiscalía doce contratos del Gobierno de Sánchez durante la pandemia

Según la jefa del Ejecutivo autonómico, las adjudicaciones de aquellos contratos de emergencia se hicieron a siete empresas relacionadas con el PSOE. Además de estos pliegos, los populares madrileños llevaron a Anticorrupción catorce «ayudas en forma de avales por un valor superior a los 800.000 euros», que también presentarían irregularidades.

En particular, las firmas beneficiarias -según la denuncia- están vinculadas con el propio Sánchez, con el exministro de Sanidad Salvador Illa, con el exministro de Transportes José Luis Ávalos, y con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

En lo que se refiere a Pedro Sánchez, la denuncia de los populares apunta a un posible delito de «tráfico de influencias» en la «concesión de subvenciones y ayudas» a Industrias Plasticas Playbol. Esta empresa, que habría recibió una «ayuda equivalente» a 64.959,82 euros, « estaba vinculada a los padres del presidente del Gobierno».

En cuanto a Calviño, el escrito relata que el Ejecutivo encomendó la «gestión de la imagen digital y de la reputación online de la Seguridad Social» por 532.400 euros con IVA a Páginas Amarillas Soluciones Digitales (Beedigital), empresa en la que el marido de la vicepresidenta es director de marketing.

«Vamos a empezar a investigar a todos», advirtió la líder madrileña a la oposición en la Asamblea regional. «Ustedes (diputados del PSOE) van a tener que dar muchas explicaciones», avisó la presidenta.

La oposición tres semanas después de desatarse la tormenta política por la intervención de su hermano en el polémico contrato de los tapabocas sigue pidiendo explicaciones a la presidenta, aunque por ahora el PP ha logrado frenar una comisión de investigación en la Asamblea.

No obstante, la Fiscalía, tras las denuncias de la oposición, sí que sigue adelante con sus diligencias previas sobre esa adjudicación por parte de la Comunidad de Madrid a Priviet de un contrato de 1,5 millones de euros para el suministro de 250.000 mascarillas. En aquella operación, que se realizó en abril de 2020, el hermano de la presidenta madrileña ya ha reconocido que intervino y que recibió 55.850 euros más IVA. No obstante, y según ya ha admitido el Gobierno regional, Tomás Díaz Ayuso ese año giró contra Priviet otras tres facturas por un valor total de 283.000 euros, aunque el Ejecutivo autonómico aduce que fueron por trabajos que nada tenían que ver con la comunidad.

La Fiscalía tiene previsto citar a Tomás Díaz Ayuso y a su amigo Daniel Alcázar, dueño de la empresa Priviet Sportiv. Sin embargo, antes del interrogatorio del hermano de Ayuso y de su amigo, no obstante, Anticorrupción quiere tener sobre la mesa varios informes. La Fiscalía por lo pronto ya ha solicitado un informe a la Intervención General del Estado para conocer si hubo alguna irregularidad en la adjudicación. Al Ministerio Público no le vale que el Ejecutivo regional y su presidenta hayan asegurado por activa y por pasiva que los órganos fiscalizadores de la comunidad ya dieron por bueno ese contrato. De hecho, la Cámara de Cuentas de Madrid ha negado, como afirmó el Gobierno autonómico, que haya concluido el informe de fiscalización de la polémica adjudicación.

Anticorrupción también va a solicitar la información bancaria tanto de Tomás Díaz Ayuso como de la Priviet, además de las facturas giradas por el hermano de la presidenta, para aclarar por qué concepto exacto se hicieron los cuatro pagos; si tres de ellos efectivamente fueron por «trabajo reales» ajenos a las comunidad; y cuál fue el papel real del hermano de la presidenta en esta transacción, que Ayuso asegura que nunca fue el de «comisionista».