Ayuso lleva al Supremo el reparto «arbitrario» de los fondos europeos

El consejero sostiene que con este reparto el Gobierno central busca regar de millones a las administraciones gobernadas por el PSOE. Por ello, argumenta, la cartera dirigida por Yolanda Díaz está distribuyendo estos fondos «a quien ha considerado, sin procedimiento y con falta de transparencia». «A todo ello se suma que en ningún momento se ha aclarado por qué motivo se han quedado fuera del reparto y de forma discriminatoria el resto de administraciones regionales».

Lasquetty explicó que el pasado verano se alcanzó un acuerdo en la conferencia sectorial para un reparto a todas las comunidades con el mismo procedimiento, pero que meses después comprobaron que estas cuatro habían recibido nueve millones por la vía de la subvención directa «al margen de los criterios establecidos». En Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura los ejecutivos son socialistas, mientras que en el País Vasco son el socio minoritario del PNV.

La Comunidad de Madrid esgrime en su recurso ante el alto tribunal que el reparto se ha efectuado a espaldas de la conferencia sectorial y supone una vulneración en materia de empleo. Además, asegura que «los proyectos están vinculados a competencias autonómicas, y los fondos destinados a los mismos deben estar gestionados por las administraciones regionales».

Ayuso vuelve así a demostrar que es el principal ariete territorial del PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo ha sido a lo largo de la pandemia y elevó la confrontación a niveles máximos en la campaña para las elecciones madrileña de mayo pasado. Ahora ha vuelto a desafiar la estrategia de la Moncloa para el reparto de los fondos europeos y Madrid se convierte en la primera en llevar a Sánchez a los tribunales, aunque otros presidentes autonómicos del PP habían manifestado ya sus dudas por la falta de información de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE. Sin ir más lejos, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, protestó hace unas semanas al tener constancia de que menos de un tercio de los 70.000 millones que llegarán hasta 2023 serán gestionados por las comunidades.

Madrid asegura haber recurrido esta concesión «para que no se produzca ningún uso arbitrario más de los fondos», ya que estos nueve millones corresponden solo a la primera parte de los 70.000 que recibirá España. De hecho, Ayuso ya apuntó, a finales de año, de su intención de llevar a Bruselas el reparto de los fondos para preguntar «si esto se hace así y por qué». En el PP opinan que el Gobierno se ha saltado la conformidad que existía en torno a los criterios, que aunque «no nos gustasen, al menos estaban fijados para todos por igual».

El consejero de Economía también aseguró haber enviado una carta el pasado 22 de octubre a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, pero que aún no ha obtenido ninguna respuesta. «Es inaceptable», aseveró.

El Gobierno, por su parte, respondió asegurando que Madrid es la tercera comunidad más beneficiada, por detrás de Andalucía y Cataluña. «Estas reclamaciones no son en absoluto pertinentes», afirmó la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño.