La Audiencia Nacional reabre el atentado de Santa Pola y señala a seis exjefes de ETA

El juez, en un auto fechado el pasado viernes, ha admitido a trámite la querella de la asociación que dirige Daniel Portero, hijo del fiscal andaluz asesinado por ETA, contra seis exjefes de la banda terrorista por su supuesta responsabilidad en la explosión la tarde de aquel domingo de hace casi 20 años de un coche-bomba con cien kilos de dinamita Titadyne y metralla frente a la casa-cuartel de la Guardia Civil del municipio mediterráneo. El atentado costó la vida a un jubilado que esperaba el autobús, Cecilio Gallego, y a la niña de seis años Silvia Martínez Santiago, hija de un agente.

La querella se dirige contra Juan Antonio Olarra Guridi, 'Jon'; Ainhoa Mugica, 'Olga'; Félix Ignacio Esparza,' Navarro'; Mikel Albisu, 'Mikel Antza'; Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo'; y María Soledad Iparraguire, 'Anboto'.

La primera diligencia que ordena el magistrado tras resucitar este sumario 9/2002 es ordenar a los servicios antiterroristas de la Policía y la Guardia Civil que recaben «cuantos datos obren en su poder que permitan relacionar» a los seis exjefes etarras con aquel atentado por el que fueron ya condenados en 2012 a 843 años Óscar Celarain y Andoni Otegi, autores materiales de la colocación del vehículo lleno de explosivos.

Tras abrir diligencias este mismo mes y obtener el apoyo de la Fiscalía, el magistrado ha reactivado este caso siguiendo la tesis de Dignidad y Justicia de proceder penalmente contra el «autor detrás del autor». O lo que es lo mismo, perseguir a los cabecillas por ser los autores intelectuales de los atentados o por no haber impedido esos asesinatos teniendo capacidad para hacerlo («comisión por omisión»). En el caso de Santa Pola, la querella sostiene que los cabecillas de ETA integraban por entonces el comité ejecutivo de la banda terrorista y omitieron las contraórdenes para que el atentado no fuese perpetrado.

El propio García-Castellón reabrió el pasado 17 de marzo el sumario por el asesinato del concejal del PP de la localidad vizcaína de Ermua Miguel Ángel Blanco el 12 de julio de 1997 para tratar de sentar en el banquillo a nueve de los exjefes de ETA en aquellos días.

Otro magistrado de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, imputó el pasado año al exjefe de ETA Mikel Albisu, 'Antza', por su posible responsabilidad en el asesinato del concejal popular Gregorio Ordóñez en 1995, al ser jefe del aparato logístico de la banda.