La Audiencia quiere aclarar el papel de los jefes etarras en el asesinato de Ordóñez

El magistrado pone en su punto de mira a los cinco etarras que por aquel entonces, supuestamente y de acuerdo con los informes de los servicios antiterroristas, formaban parte del Comité Ejecutivo de la organización: Ignacio de Gracia Arregi, «Iñaki de Rentería», José Javier Arizcuren Ruiz, «Txapote», Mikel Albisu, «Mikel Antza», Julián Aturra Egurola, «Pototo», y Juan Luis Aguirre Lete, «Isuntza».

Esta investigación –explica el juez en su resolución- parte del auto de 2015 en el que se admitió la denuncia presentada por Consuelo Ordoñez contra los cinco exjefes que estaban en 1995 en el ‘Zuba’, la cúpula colegiada de la banda. En aquel auto fue en el que la Audiencia Nacional certificó que era imposible que un asesinato como el de Ordóñez no hubiera contado con el visto bueno de ese Comité Ejecutivo, «cuyos miembros ostentan la cualidad de dirigentes y responsables de los principales aparatos del grupo, incluido el militar».

«El Comité Ejecutivo, decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado», apuntó en 2015 la Audiencia Nacional.

Por ello, Abascal, que ya ha interrogado sobre el asesinato del edil popular a «Iñaki de Rentería» y a «Mikel Antza», ordena ahora a la Guardia Civil la localización y análisis de documentación en poder de miembros de ETA relacionadas con actas de reunión del ‘Zuba’ en «fechas inmediatamente anteriores, simultaneas y posteriores al asesinato de Gregorio Ordóñez» con «especial interés en las referencias a acciones contra políticos del Partido Popular en el marco de la estrategia de desestabilización puesta en marcha por ETA a partir de 1994».

Además, pide a los servicios antiterroristas que aporten la información que se haya obtenido en dispositivos informáticos obrantes en 138 sellos (precintos judiciales franceses) que fueron intervenidos con ocasión de la detención de Mikel Albisu en octubre de 2004. Todo ello, precisa el juez, «con el objetivo de revisar si entre los datos hubiera informaciones o indicios relacionados con el asesinato de Gregorio Ordoñez».

De igual modo, el magistrado requiere también la unión a este procedimiento de otra serie de informes y sentencias sobre los cinco dirigentes de la banda terrorista y su participación en atentados y secuestros investigados en otros sumarios.