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rEDACCIÓN/aGENCIAS
Lunes, 25 de septiembre 2017, 13:34
La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado el ingreso en prisión para el presunto yihadista detenido el viernes en Mérida por los delitos de colaboración y financiación terrorista, según informan fuentes jurídicas.
El joven, de 34 años y nacionalidad bangladeshí fue arrestado ... por su presunta integración en el aparato tecnológico y de financiación del grupo terrorista Dáesh. Según el Ministerio de Interior, constituía el «último reducto» de una célula oculta tras un entramado legal de empresas que llevaba desde 2014 realizando transferencias económicas «sospechosas de sufragar acciones terroristas así como de apoyar el envío de material tecnológico de doble uso».
El sospechoso llegó a España a finales de 2015 «buscando ocultarse» tras la desarticulación por otros cuerpos policiales de las filiales de sus empresas en Reino Unido y Bangladesh, empleadas todas ellas como tapadera para dar opacidad al origen y destino real de los fondos.
Según Interior, su objetivo desde el principio era «impulsar la reconstrucción del mismo entramado empresarial en España bajo otro nombre para no ser detectado», y en concreto, una nueva compañía que se valía de la misma red comercial de proveedores, contactos y clientes de las sociedades desmanteladas.
Apunta que «estaba retomando las actividades delictivas que precipitaron la detención de varios de sus familiares», como su padre y su hermano menor, así como de sus socios. Entre ellas, inyectar grandes cantidades de dinero a una nueva empresa en Bangladesh «a través de pagos no justificados y no acordes al patrimonio de la empresa».
Una extremeña de Aceuchal es la pareja del detenido. En la localidad pacense pocos podían imaginar que Ana María González, que, además, pertenece a una familia muy religiosa, podía estar casada con un presunto yihadista.
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