La justicia secunda a Interior y avala el cese de Pérez de los Cobos

El tribunal de la Sección Quinta, con la unanimidad de sus cinco magistrados, admitió ayer el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia de marzo pasado del Juzgado Central número ocho, que había considerado «abiertamente ilegal» la resolución que dispuso la salida del oficial de su cargo discrecional, de libre designación.

La sentencia supone un bálsamo para Grande-Marlaska, sin duda el miembro más desgastado del Gobierno, tras el duro alegato del magistrado Celestino Salgado en el primer fallo. El juez no solo mencionó la desviación de poder tras este cese, sino que sugirió incluso la posible prevaricación de altos cargos de Interior. Una mención que llevó al PP y a Vox a presentar una denuncia y que ha alimentado durante meses el argumentario de la oposición. Ello pese a que Grande-Marlaska, también cuestionado por la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos o por la gestión de la denuncia falsa por homofobia en Malasaña, siempre ha dicho que no dimitiría por este asunto.

Ante esta sentencia de la Audiencia Nacional cabe un último recurso ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, la reforma de la Ley Orgánica de 2015 limita las posibilidades para revisar un caso a que tenga un «interés casacional objetivo» y la Sala, en su resolución de ayer, ya invoca sentencia precedentes, incluso del Supremo, para fundamentar su posición favorable a Interior.

El ponente, el magistrado Jesús García Paredes, recoge a lo largo de las 29 páginas de la sentencia las normas aplicables y los criterios que se han seguido a la hora de resolver las impugnaciones de ceses –y de nombramientos– en destinos de libre designación en la Guardia Civil.

Para ello, distingue entre la idoneidad para ocupar el puesto, que en el caso de Pérez de los Cobos no se discute, y la confianza depositada por la autoridad que efectuó en su momento el nombramiento y que, ante la pérdida de dicha confianza, dispone el cese. Este debe exponer los motivos de la pérdida de confianza, pero existiendo límites a la revisión judicial, de tal modo que, «descartada la existencia de desviación de poder», se constata que la decisión de Interior sobre el coronel «tiene suficiente motivación», habida cuenta de que la pérdida de confianza es por la «no información del desarrollo», no del contenido, «de investigaciones y actuaciones» llevadas a cabo por la Guardia Civil en el marco de la llamada causa del 8 de marzo de 2020. Esto es, el motivo que llevó a autorizar las manifestaciones en el Día de la Mujer pese a los primeros datos de contagio por el coronavirus. Todo ello, señala la sentencia, «en el amplio y, a veces, confuso marco operativo y de Policía Judicial».

La resolución añade, además, que «habiendo quebrado la confianza (de sus jefes) no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino de la Comandancia de Madrid (que pretendía De los Cobos), manteniendo al interesado en el mismo destino (Intervención de Armas y Explosivos) e imponiendo una relación profesional sustentada, además de en motivos reglados (idoneidad), también, en esa circunstancia subjetiva, como hemos declarado, es decir, por la pérdida de la confianza, cualidad que acompaña y mediatiza el nombramiento para dicho cargo y destino».

Esta sentencia llega casi 16 meses después de que Interior comunicara a Pérez de los Cobos su cese como consecuencia de que se filtrara a la prensa un informe elaborado por agentes a sus órdenes sobre la citada celebración del Día de la Mujer y su relación con la pandemia.

El ministro Grande-Marlaska atribuyó en un primer momento el relevo a un «cambio de equipos» y lo desvinculó de aquel informe, pero en posteriores comparecencias relacionó su salida con la «filtración» del documento policial que señalaba no solo al exdelegado del Gobierno José Manuel Franco, sino a otros miembros de la administración como el director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. El Juzgado de Madrid que investigaba los hechos decretó el archivo provisional en junio de 2020 tras la petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.

En el documento con el que se comunicó el cese del coronel se especificaba que la decisión se tomaba al «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil (...) con fines únicos de conocimiento».