La Audiencia de Barcelona envía a juicio a 46 policías por las cargas del 1-O

La causa juzga la actuación policial en el 1-O en 27 colegios de la capital catalana y recoge unas 250 denuncias contra agentes de la policía de personas que resultaron heridas. La mayoría sufrieron heridas leves, pero sí se registró algún traumatismo craneoencefálico. Las imputaciones afectan a los agentes y a los mandos que actuaban sobre el terreno, pero no inculpa a ningún alto mando ni a la cúpula policial del Ministerio del Interior. Según el juez, los protocolos policiales se cumplieron en 14 de los 27 colegios analizados.

«Se exige pues que la actuación policial, ante una congregación de personas, no se base inicial y únicamente en el uso de material antidisturbios ni en el uso de la defensa, debiendo utilizarse en primer lugar la negociación y la intimación a los congregados para después utilizar la fuerza física y, en último lugar, los demás instrumentos existentes», señaló el juez instructor en el auto de procesamiento de hace un año. «En todo caso la actuación individual de cada agente deberá ser proporcional y deberá impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral», añadió. El auto describió cada una de las denuncias. «El día de los hechos se encontró con agentes de policía en un pasillo y le cogieron de los brazos y le dieron puñetazos mientras lo sacaban de la escuela. Una vez fuera un agente, le cogió de la parte posterior del cuello y le retorció la muñeca, dándole un rodillazo en la pierna», relataba una denuncia. «Manifiesta que un agente le cogió de la chaqueta y lo arrastró, dándole patadas y golpeándolo contra un árbol. Después, al intentar volver a entrar en el lugar a buscar a su madre y su hermana, otro agente le puso el dedo en un ojo, siendo arrastrado con patadas nuevamente», denunció otro afectado.

La proposición de ley de amnistía pactada entre el PSOE y Junts contemplaba dar cobertura a los policías encausados por el 1-O. «En ningún caso implica la criminalización de los funcionarios que intervinieron en defensa del orden público, pues la presunción de inocencia es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico. Lejos de ello, persigue aliviar la situación procesal de los encausados», señalaba el texto inicial.