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La designación de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional tampoco ha encontrado en el mundo judicial a nadie que rompa una lanza a su favor. Las principales asociaciones de jueces han reconocido abiertamente que el nombramiento del candidato del PP «no les agrada» pero ... cierran filas con la decisión adoptada por el legislativo. «Respeto máximo», es la consigna.
«No vamos a inmiscuirnos en las competencias de otro poder del Estado. Somos el Poder Judicial y vamos a respetar, por supuesto, el acuerdo al que lleguen los órganos competentes para su nombramiento», afirmó a este periódico la portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), Ascensión Martín Sánchez. La magistrada admitióque el hecho de que el tribunal de garantías llevase tanto tiempo sin renovarse –iba camino de cumplir tres años con el mandato caducado– explica la «premura» de sacar adelante la votación en el Congreso. «Cada uno –aseveró– tiene que asumir su responsabilidad».
María Jesús del Barco, la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es la mayoritaria en cuanto a miembros se refiere, ha defendido que «del mismo modo que exigimos respeto a las decisiones judiciales y a la división de poderes no vamos a opinar sobre la forma que establece la Constitución para elegir a unos u a otros». «No vamos a valorar los méritos de Enrique Arnaldo ni los de los demás candidatos», ha aseverado.
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La portavoz de la APM considera esencial cumplir con lo que dice la Carta Magna en «todas las materias», también en lo que a la renovación de los órganos constitucionales respecta. «Ya era hora», ha zanjado.
Desde Foro Judicial Independiente rechazan la renovación «al no cumplir con lo exigido por la Comisión Europea, y en especial, el consejero de Justicia de la Unión Europea». Recuerdan que las instituciones europeas llevan meses reclamando la modificación del sistema de elección antes de que se produzca la renovación». «Mantenemos que la renovación actual no es legal, porque el número 280 del reglamento dice que cuando algo no está terminado hay que iniciarlo de nuevo en la próxima legislatura», manifestó la presidenta de la asociación, Concepción Rodríguez, quien aseguró que «no deben meterse en los nombramientos del Constitucional al ser este un órgano no jurisdiccional».
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, segunda por nivel de representación, también evitó manifestarse sobre la idoneidad de Arnaldo o el posible desprestigio en el que puede caer la institución.
Estas cuatro asociaciones, que representan a más de la mitad de la carrera judicial, llevan meses denunciando la grave anomalía institucional que ha supuesto la interinidad del Constitucional y criticando los «fines partidistas» que rodean también la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
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