Un grupo de magistradas denuncia al juez que quiso absolver a La Manada

Las juezas reclaman a la Comisión Disciplinaria que imponga sendas sanciones graves al magistrado por considerar que su escrito, en el que el juez no ve en el asalto sexual más que «jolgorio y regocijo», está plagado de contenidos «injuriosos y vejatorios» hacia la víctima, una joven madrileña que, el 7 de julio de 2016, la madrugada en que fue atacada, tenía 18 años.

Las denunciantes, en un escrito de seis folios, aspiran a que el órgano de gobierno de los jueces acoja sus argumentos y considere a González autor de dos faltas disciplinarias graves del artículo 418 de la ley del Poder Judicial. Una por la utilización en su resolución de expresiones innecesarias, ofensivas o irrespetuosas contra la víctima y otra por desconsideración hacia sus otros dos compañeros de tribunal, el resto de agentes de la justicia, la policía y los peritos. Piden al CGPJ, además de las faltas, que pueden ser sancionadas con una multa máxima de 6.000 euros cada una, que analice si el comportamiento del miembro del tribunal navarro puede tener carácter delictivo.

Las magistradas aseguran que González, en un acto «innecesario» e «improcedente» para defender sus razonamientos jurídicos, utiliza expresiones «manifiestamente ofensivas para la víctima», que ocasionan «un daño inmenso» a la joven atacada por La Manada y que provocan «una revictimización» de la joven, prohibida expresamente por el ordenamiento jurídico, al tiempo que provocan que «la ciudadanía desconfíe de la justicia».

Las denunciantes hacen una detallado repaso de las 273 páginas del voto particular. Destacan que el magistrado, en las imágenes en las que los cinco condenados abusan uno tras otro y a su antojo de la joven acorralada en el descansillo de un portal, indica, entre otras cosas, que la joven no muestra «el más mínimo signo de pudor», que en todo momento la expresión de su rostro es «relajada y distendida», que solo ve en la escena «un ambiente de jolgorio y regocijo», y que «lo que me sugieren sus gestos, expresiones y los sonidos que emite es excitación sexual». No tienen duda de que sus palabras son «improcedentes» desde el punto de vista jurídico, injuriosas y vejatorias.

Pero, además del trato «peyorativo» hacia la víctima, Themis ve en otro pasaje del voto particular una segunda falta grave de «desconsideración» hacia sus dos compañeros de tribunal, la fiscal, los agentes de la autoridad y los peritos psicológicos del Instituto de Medicina Legal. Es cuando dice que «en todos ellos resulta perceptible que actuaron partiendo del prejuicio de culpabilidad de los acusados y han plagado sus informes ante el tribunal no solo de elucubraciones subjetivas que afirman evitar, sino de suposiciones sin sustento que dejaron evidente su esfuerzo por favorecer las acusaciones en perjuicio de los acusados, recurriendo incluso a explicaciones e hipótesis que, por absurdas, resultan grotescas y ofensivas para la lógica y la recta razón». «El magistrado se erige en abogado defensor de los acusados, adentrándose en juicios morales», concluyen las denunciantes.