Argelia rompe el pacto de amistad con España tras justificar Sánchez su giro en el Sáhara

Con la ruptura de este tratado, que rige las relaciones entre ambos países desde 2002, Argelia tensa aún más la crisis con España, originada desde que el pasado 18 de marzo el Palacio Real de Marruecos publicara parte de la carta en la que Sánchez apoyaba la propuesta marroquí de autonomía para el territorio en disputa y que, al día siguiente, llamara a consultas a su embajador en Madrid. Después anunció otras medidas como la suspensión de las repatriaciones de inmigrantes irregulares o el veto al incremento de los vuelos entre los dos países (solo hay uno a la semana entre ambas capitales). Ahora, da un paso más allá.

El conflicto está lejos de ser baladí. España exportó a Argelia en 2019 bienes por valor de 2.735 millones de euros, según la Dirección del Comercio Exterior del país norteafricano. Algunos sectores, como el vacuno, ya han denunciado una disminución de las ventas al mercado vecino en beneficio de otros socios europeos como Francia.

Pero la cuestión más delicada es sin duda la energética, sobre todo en un contexto económico como el actual, marcado por el alza de los precios de la electricidad por la invasión rusa de Ucrania. Hasta febrero, Argelia era el principal suministrador de gas de España, pero el cierre del gasoducto que une ese territorio con Cádiz a través de Marruecos redujo el porcentaje del 40% al 23,4% del total. Estados Unidos es desde entonces el mayor proveedor con el 30,7% de todas las importaciones de esta fuente de energía, que llega vía buques metaneros a alguna de las seis plantas regasificadoras españolas.

El porcentaje argelino, sin embargo, no se puede despreciar. De hecho el Gobierno de Argel es consciente de que puede presionar a Sánchez con el mercado energético. Toufic Harrak, el presidente de Sonatrach, la principal empresa argelina de hidrocarburos, insinuó que sería a España a quien más subiría los precios del gas, y la negociación está en curso. A la revisión de los contratos y la entrada en liza de Italia como rival que puede desplazar a España como socio de referencia, se ha sumado también la advertencia de interrumpir el suministro con nuestro país si se vende gas argelino a Marruecos.

En este espinoso contexto, el presidente acudió este miércoles al Congreso a pedir a los grupos que «movieran sus posiciones» como ha hecho el Gobierno para abrazar un plan, el marroquí, que definió como «la opción más seria y realista» para curar la heridas abiertas en el Sáhara Occidental. Sánchez y el ala socialista del Gobierno siempre han minimizado las consecuencias que cerrar la crisis con Marruecos tendría con su vecino, Argelia, y ni siquiera se refirió a esta cuestión en los 48 minutos que duraron sus intervenciones. El portavoz socialista, Héctor Gómez, llegó a definir la relación de «estrecha y extraordinaria». Pero la política exterior es más caprichosa en la práctica que en la teoría.

Desde el punto de vista argelino, aliado del Frente Polisario y enemigo acérrimo de Marruecos, el Ejecutivo español ha dado su «pleno apoyo» a la fórmula «ilegal e ilegítima» de autonomía preconizada por la «potencia ocupante», en referencia al país alauita. Argelia ya se refirió en marzo a esta cuestión como «segunda traición» tras el acuerdo firmado el 14 de noviembre de 1975, pocos días antes de la muerte de Francisco Franco, por el que España cedía la antigua colonia a Marruecos y Mauritania sin tener en cuenta la voluntad de la población saharaui. Este tratado fue inmediatamente denunciado por el Frente Polisario, erigido en representación del pueblo saharaui y que de inmediato proclamó la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

El sábado, en una entrevista en televisión, Tebune se refirió por primera vez en público a la crisis. «Teníamos relaciones muy sólidas con el Estado español, pero su jefe del Gobierno lo ha roto todo», declaró, antes de añadir que el cambio de postura es «ética e históricamente inadmisible».

Los reproches son más simbólicos que efectivos, dado que los contactos políticos y diplomáticos entre ambos países están interrumpidos desde marzo pasado. No hay visitas ministeriales ni tampoco los miembros de ambos gobiernos hablan por teléfono porque los argelinos se niegan a ello. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español lamentaron el anuncio de un país definido como «amigo». «El Gobierno de España reafirma su compromiso pleno con el contenido del tratado y los principios que lo informan», subrayaron.