Aragonès sitúa el referéndum en el centro del debate en plena negociación con el PSOE

Su gran apuesta de la legislatura, que expira en 2025, es alcanzar un acuerdo de claridad con el Gobierno central, inspirado en el modelo canadiense, para pactar los términos de una consulta soberanista. Durante el debate de política general, Aragonès exigió a Sánchez pactar antes de 2027 –esta legislatura– las condiciones para poder realizar un referéndum. Días después, ERC y Junts aprobaron una moción en el Parlament que vinculó su apoyo a la investidura a que Sánchez se comprometa a trabajar en una consulta.

Esas exigencias siguen vigentes, a pesar de que el PSOE cerró la puerta al referéndum y amenazó con elecciones si los secesionistas insistían por esa vía. Aragonès dijo este lunes que un referéndum sobre la independencia, votado en Cataluña es «posible, viable, legal» y puede ser una solución «compartida para la resolución del conflicto».

El presidente de la Generalitat recibió el informe que encargó a un grupo de expertos sobre las posibilidades que existen de celebrar un referéndum. El equipo académico que le ha asesorado ha identificado cinco fórmulas de consulta para votar sobre el «futuro político de Cataluña». «Nuestra propuesta es un referéndum sobre la independencia de Cataluña en Cataluña, con un sí o un no», afirmó. Y si el resultado es favorable, «tendrá que implementarse», avisó.

Tras la investidura, tanto si Sánchez sale elegido como si no, Aragonès anunció que convocará a una mesa de partidos catalanes para empezar a buscar un consenso y tratar de avanzar; de momento, ninguna formación, salvo los comunes, le compra la idea de un acuerdo de claridad. También encargará un informe sobre los «instrumentos jurídicos» para poder llevar a cabo la consulta. Aragonès trató de desvincular la presentación de su propuesta de consulta de la investidura. «Las exigencias ya están puestas, no hay condiciones nuevas», advirtió. Pero sí dejó claro que la primera carpeta que se encontrará Sánchez si es elegido será la reclamación soberanista de un referéndum. Sánchez no podrá eludir este asunto. Puigdemont habló el día que fijó sus condiciones de alcanzar un «acuerdo histórico», que vaya más allá de la amnistía y permita a Cataluña avanzar en el reconocimiento nacional.

El expresidente de la Generalitat lleva días lanzando advertencias. Este lunes llamó a tomar todas las «precauciones posibles» en el proceso negociador. A su juicio, lo que denomina los «poderes profundos» del Estado «convierten los acuerdos políticos en papel de fumar». Y puso como ejemplo el caso de Lluís Companys, que fue amnistiado durante la Segunda República y fusilado después por el franquismo, aunque el líder de Junts pasara por alto la diferencia entre la República y un tribunal de un Estado dictatorial como el franquista. «España amnistió a Companys, sí. Pero cuatro años y medio después, España le fusiló», advirtió en X.

Fue un aviso sobre un posible pacto para la investidura. Puigdemont aireó sus recelos hacia los negociadores socialistas y hacia el Estado español. Advirtió de la necesidad de que lo que se pacte, en relación a la amnistía, sea irreversible y necesitará un verificador. Y dio a entender, que lo que le está proponiendo el PSOE no acaba de agradarle. Días atrás, Toni Comín afirmó que «es muy importante garantizar la constitucionalidad de la ley de amnistía», para que pueda «pasar el filtro» del Tribunal Constitucional. Puigdemont va más allá y sitúa su desconfianza en el conjunto de los estamentos del Estado. El Tribunal Supremo podría plantear una cuestión de inconstitucionalidad, lo que podría paralizar la aplicación de la norma en casos como los de Junqueras y Puigdemont.

Pero hay más. En la exposición de motivos de la ley de amnistía, los socialistas quieren que quede claro que las partes pasan página del 'procés'. Los independentistas, en cambio, se niegan a renunciar a la vía unilateral y abogan por que la medida de gracia haga de borrón y cuenta nueva, que legitime el 1-O para poder repetir el 'procés', despenalizado, en el futuro.