Aragonès congela sus relaciones con el Gobierno por el espionaje que la Moncloa niega

El caso ha vuelto a tensar las débiles relaciones entre el Ejecutivo central y el Govern catalán, hasta el punto de que Pere Aragonès anunció ayer que congela el diálogo político con el Gobierno hasta que asuma sus responsabilidades. El independentismo, relegado en los últimos tiempos a un segundo plano del escaparate político, quiso dar un puñetazo en la mesa con una ofensiva política y judicial para denunciar un caso de espionaje que considera el más grave de Europa. Lo sufrieron más de 60 políticos y líderes sociales del independentismo catalán (y vasco) entre 2017 y 2020.

Aragonès instó a Pedro Sánchez a hablar «cara a cara» para aclarar el asunto y le puso una serie de condiciones, si quiere «normalizar las relaciones» y restablecer una confianza que, a su juicio, ha quedado muy «dañada». Por un lado, exigió una investigación independiente con supervisión externa que pueda aclarar quién es el autor del espionaje y quién dio la orden de ejecutar la operación, así como una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso, que, según el organismo de ciberseguridad Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, demuestra que «hay una evidencia» de que existe un «nexo sólido» con el Gobierno español. Los dos foros que quedan afectados por el anuncio del presidente del Govern son la mesa de diálogo y la bilateral Estado-Generalitat. Hacía semanas que el Ejecutivo catalán estaba con la mosca detrás de la oreja porque la Moncloa le daba largas para reunir la mesa sobre el conflicto.

Aragonès, no obstante, tuvo que hacer un encaje de bolillos interno, pues la parte de Junts de su gabinete le pidió que «no normalice relaciones con el Estado opresor» y tanto Carles Puigdemont como la ANC le exigieron directamente que entierre la vía de diálogo y rompa con los socialistas. El president se quedó a medio camino y trató de ofrecer una imagen de una cierta unidad en el independentismo, a pesar de que el movimiento no pudo disimular sus discrepancias internas.

Nueve meses después de su último encuentro, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras comparecieron ayer en el Parlamento Europeo. Lo hicieron junto al líder de la CUP y los presidentes de la ANC y Òmnium. Informaron que inician una ofensiva judicial contra la empresa que fabrica este software, la israelí NSO, y contra el CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil. La querellas se presentarán en cinco países: España, Suiza, Luxemburgo, Francia y Alemania. Las habrá de tipo individual, como la que presentará el propio presidente de la Generalitat, y también colectivas. «El Estado ha organizado una trama criminal para atacar al movimiento independentista», aseguró Puigdemont.

Además, anunciaron una ofensiva política. El expresidente de la Generalitat instó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a que «actúe urgentemente» y haga «rendir cuentas a España» por una «violación masiva de derechos fundamentales». El soberanismo notificará además el caso a las Naciones Unidas, al Consejo de Europa y al Parlamento Europeo. Quim Torra, también espiado, reclamó la dimisión de Sánchez. Puigdemont instó además a los republicanos a romper su alianza con el PSOE en el Congreso, pero Junqueras le replicó que «no regalarán nunca la bandera del diálogo».