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Miércoles, 6 de abril 2022, 13:10
El acuerdo para flexibilizar la inmersión lingüística, los Juegos Olímpicos de 2030 y la crisis derivada de la guerra en Ucrania han provocado que el Govern y el PSC hayan acercado posiciones, al mismo tiempo que han distanciado aún más al Ejecutivo catalán de la ... CUP, su socio prioritario al inicio de la legislatura. Pere Aragonès fue investido hace un año por la CUP, recurrió a En Comú Podem para aprobar los Presupuestos y este miércoles ha mostrado sintonía con los socialistas, en la sesión de control al Govern en el Parlament. El jefe de la oposición, Salvador Illa, ha tendido esta mañana la mano al presidente de la Generalitat para la aprobación de medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis y le ha ofrecido su ayuda en caso de que decida hacer algún cambio en los presupuestos. Aragonès ha agradecido la predisposición y le ha pedido ayuda para que el Gobierno central flexibilice el objetivo de déficit hasta el 1% del PIB para las autonomías para que Cataluña pueda disponer de mil millones adicionales.
Guante blanco entre Aragonès e Illa, días después de que PSC, ERC, Junts y los comunes registraran una propuesta conjunta para reformar la ley de política lingüística para hacer frente a la sentencia que obliga al Govern a impartir el 25% de las clases en castellano. Y días después también de que el Gobierno central, el COE y el Govern firmaran el proyecto de la candidatura olímpica, a la espera de que lo haga el Ejecutivo de Aragón. PSC, ERC y Junts han cerrado en las últimas semanas pactos hasta ahora impensables en la renovación de directivos en TV3, la Sindicatura de Greuges –el Defensor del Pueblo catalán–, el Consejo del Audiovisual de Catalunya (CAC) y la Autoridad Catalana de Protección de Datos (ACPD).
La CUP en cambio ha escenificado este miércoles en el Parlament su distancia sideral con el Govern. Los anticapitalistas han instado al president a que retire el proyecto de reforma de la ley de política lingüística y le han acusado de dar un paso atrás irreversible, adaptarse al marco legal de la sentencia, ir contra el catalán y dar rango de ley al 25% de español y la «obsesión catalanofóbica». Aragonès ha replicado que su gobierno «no vende el catalán» y que a partir de esas premisas no es posible ampliar el consenso. No se pueden dar órdenes que serán suspendidas en dos días, ha espetado Aragonès a la CUP. Tanto los anticapitalistas como los comunes han vuelto a pedir la dimisión del consejero de Educación. Aragonès ha cerrado filas una vez más en torno a Josep González Cambray.
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