Aplazan 'sine die' el inicio del juicio de los 'Miguelianos' por enfermedad de un abogado defensor

El juicio había sido señalado inicialmente para el pasado día 11 de septiembre, pero fue pospuesto hasta el día 18. No obstante, la Sala ha acordado de nuevo la suspensión del señalamiento para el próximo martes al entender que concurre «nuevamente la causa justificada para la suspensión del señalamiento».

En concreto, de acuerdo con fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press, se ha vuelto a suspender por encontrarse enfermo el abogado que defiende al líder de la organización, Miguel Rosendo, quien permanece en prisión provisional en el marco de esta causa desde hace tres años y nueve meses.

En lo relativo a las peticiones de las partes personadas en el caso, el Ministerio Público pide que el líder sea condenado a 66 años de prisión por un delito de asociación ilícita, 12 contra la integridad moral, cinco de coacciones y tres delitos contra la libertad sexual --uno de agresión sexual continuado y dos de abuso sexual continuado--.

Además, entiende que para sus actos contó con la colaboración de seis miembros de la Orden, por lo que pide que cada uno de ellos sea condenado a dos años de prisión por asociación ilícita. No obstante, interesa libertad vigilada de dos de estas personas al entender que también fueron víctimas de las prácticas ejercidas por Rosendo.

La acusación particular, por su parte, solicita un total de 85 años de prisión para el líder de la Orden, al que considera autor de 28 delitos, incluidos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas, contra la integridad moral, estafa o apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Además, aunque no sigue la causa contra más miembros de la organización, acusa a la esposa y a los dos hijos del líder de sendos delitos de blanqueo de capitales, y, teniendo en cuenta las cantidades que supuestamente pudieron incorporar a sus respectivos patrimonios, pide que la mujer sea condenada a cuatro años de prisión y cada uno de sus hijos a tres años de cárcel.

Por otro lado, en el auto de procesamiento se impuso a los investigados fianzas por un total de casi 2,5 millones de euros; y se estableció la responsabilidad civil subsidiaria del Obispado de Tui-Vigo, lo que se fundamentó en que «la constitución y funcionamiento de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel estuvo amparada y actuaba al servicio y bajo la dependencia del Obispado».

En lo relativo a las defensas, los abogados de Miguel Rosendo y de dos de las consagradas de la Orden, Ivana Lima e Iria Quiñones, mantienen la inocencia de sus patrocinados respecto a los delitos imputados, y piden su libre absolución.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, el punto de partida de la asociación fue un negocio de herboristería y tratamientos no convencionales que tenía Miguel Rosendo en Vigo en la década de los 80, donde realizaba rituales místicos y entró en contacto con los que fueron miembros de la Orden tiempo después.

De forma paralela, empezó a reunirse con estas personas periódicamente para hacer actividades como espiritismo, ufología y bodas espirituales ordenadas por el propio Miguel. Además, pivotando en torno a la religión católica, y con «el cobijo del aparato oficial de la Iglesia», dentro del grupo conformaron un coro que cantaba en iglesias y realizaron acampadas y peregrinaciones.

La asociación disponía de una arquitectura organizativa dependiente del líder, que hacía uso de ella «para la alteración o control de las voluntades y así dar acomodo a sus propósitos de aprovechamiento personal, lucrativo y libidinoso». También fijó un complejo sistema de vigilancia del comportamiento y ejerció «presión psicológica» obligando a distanciarse de la vida anterior.