Anticorrupción pide al Supremo que no se investigue a Pablo Iglesias

Anticorrupción interpreta que la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham -de cuya denuncia por el robo de su móvil en 2015 parte toda la investigación-, no planteó una acusación contra Iglesias por revelación de secretos. Considera que tampoco hay pruebas de daños informáticos en la tarjeta de memoria y sostiene que la denuncia falsa sería competencia de los juzgados de Alcorcón (donde se produjo la sustracción del teléfono).

La opinión de Anticorrupción es relevante porque es una de las partes en el 'caso Dina'. Sin embargo, no será definitiva pues corresponde a la Fiscalía del Supremo elaborar el informe final que se enviará a la Sala de Admisiones del tribunal para expresar la posición del Ministerio Público sobre si se debe abrir una causa a Iglesias o dar carpetazo a la exposición del juez García-Castellón.

Lo cierto es que este movimiento supone un alivio para el líder de Unidas Podemos, después de que PP y Vox pidieran su dimisión por su presunta implicación en el caso. Ciudadanos no llegó a ese extremo, aunque exigió la comparecencia de Iglesias en el Congreso y criticó a Pedro Sánchez por «protegerle».

La formación morada siempre ha mantenido que esta causa iba a «acabar en nada», como ha ocurrido en anteriores investigaciones al líder del partido y a la propia organización por su financiación, aunque tiene pendiente el llamado 'caso Neurona' por presuntas irregularidades en gastos de la campaña electoral de abril pasado.

En su petición al Supremo, García-Castellón defendió, en cambio, la existencia de indicios suficientes de que Iglesias promovió una investigación judicial contra las supuestas cloacas de Interior, como suele denominarlas el líder de Podemos, a sabiendas de que no tenían nada que ver con esa presunta sustracción del teléfono. Según el instructor, el vicepresidente impulsó ese bulo en los tribunales con el único fin de obtener «ventajas electorales» en los comicios de abril de 2019 presentando a su partido como víctima.

La última palabra la tendrá la Sala de Admisiones de lo Penal del Supremo, que permanece a la espera de ese informe del Ministerio Fiscal, solicitado la semana pasada, para decidir si procede o no ir contra Iglesias por dichos delitos.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, evitó este jueves pronunciarse sobre el informe de Anticorrupción y se limitó a recordar que no participó en su elaboración. Sí fue más vehemente, en cambio, en criticar las amenazas «inadmisibles» en las redes sociales denunciadas la semana pasada por el juez García-Castellón. «Nos podemos equivocar y hacerlo muy bien, podemos estar sometidos a nuestra crítica profesional, pero lo que no podemos ser es objeto de amenazas bajo ningún concepto», subrayó la exministra de Justicia.