Anticorrupción pide penas de 7 años de cárcel para la cúpula de UGT Andalucía por el fraude de las subvenciones

En su escrito de calificación, la Fiscalía solicita la apertura de juicio oral para cinco miembros de la antigua dirección de UGT Andalucía, entre ellas el exsecretario general de sindicato, Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la secretaria de Gestión Económica, y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L. (la sociedad encargada de gestionar las aulas de los cursos de formación), para quienes pide siete años de cárcel como autores de los presuntos delitos continuados de fraude de subvenciones y de falsedad en documento mercantil, así como para la responsable del departamento de Compras de UGT-A, a la que le reclama cinco años de prisión.

Asimismo, pide la imputación de otras nueve personas, todas ellas proveedoras del sindicato, para quienes pide tres años de prisión y multas de 3.650 euros en calidad de cooperadores necesarios para los mismos delitos. No obstante, matiza que el impulsor del sistema conocido como Central de Compras, que permitió centralizar la relación con los proveedores y dar cobertura al fraude, fue el ex secretario general Manuel Pastrana, que finalmente no estará imputado en la causa dada su «situación de incapacidad sobrevenida», tal y como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.

Según establece el escrito de acusación, mediante esa central de compras implantada en la dirección de UGT Andalucía, se seleccionaban los proveedores del sindicato «sin más criterio que la libre voluntad» del secretario general de Administración «y atendiendo a la aceptación de las condiciones que se les imponían». Así, se negociaba con los proveedores del sindicato «un descuento ante la ingente actividad comercial», que se pactaba como cláusula expresa o bien verbalmente y que UGT exigía que «no se materializaran en las distintas adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios conforme se adquirían y prestaban y consecuentemente con plasmación en cada factura emitida, sino que se realizara al final de cada ejercicio fiscal». Un descuento final, denominado 'rapel', que era abonado al sindicato pero no quedaba recogido en las facturas presentadas ante la Dirección General de Formación de la Junta, «ocultándolo y lucrándose así en el exceso». La comisión ejecutiva sindical, concluye la fiscalía, decidía sobre el reparto entre las distintas Uniones Provinciales de ese montante acumulado.

Otro de los métodos de fraude era el denominado «bote», mediante el cual la dirección sindica, encargaba a ciertos proveedores «de confianza» la elaboración de facturas simuladas «sin responder a realidad o negocio jurídico alguno», que se identifican con «un programa formativo o conceptos genéricos y se presentaba ante la administración como parte de la cuenta justificativa». Esta acción que contaba con su propio programa informático de contabilidad permitía, dice la fiscalía, «que el sindicato sostuviera y financiara actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote». Así, UGT cargó a este concepto desde la compra de bolígrafos a globos, pegatinas o carteles para movilizaciones diversas, como queda acreditado en las facturas que obran en la causa.

Según la Fiscalía, UGT Andalucía también organizó un sistema de «alquileres simulados por las aulas empleadas para la formación», además de imputar a esas ayudas públicas los salarios de empleados a los cursos, «cuando realmente no trabajaban en ellos», así como los gastos de estructura y funcionamiento del sindicato, desde las facturas del teléfono a la limpieza. «En otras ocasiones, y siempre imputables a los expedientes de ocupados, los responsables del sindicato simularon ante la administración ser los directamente ejecutores de la acción formativa, cuando en realidad la subcontrataron a terceros, presentando los contratos de estos como si de simples proveedores se tratara».