Anticorrupción pidió imputar a Gallardón por un desfalco de 70 millones del Canal

Los fiscales Carmen García y Carlos Yáñez solicitaron al juez del caso Lezo en la Audiencia Nacional que imputara a Gallardón el 29 de noviembre, el mismo día en que, 15 años antes, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde a la compra de la empresa colombiana Inassa.

Gracias a esta petición los fiscales pararon la prescripción del delito y en ella hacen un relato pormenorizado de los indicios contra Gallardón, cuyo nombre aparece en conversaciones del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González atribuyéndole la operación y poniendo en duda su legalidad.

Esta operación la acordó el Consejo de Gobierno presidido por Gallardón por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros) con un endeudamiento de 51,1 millones de dólares, pero, según los investigadores, el valor de la empresa era mucho menor.

Según la Fiscalía, el soporte documental que se usó para su aprobación "fue cuando menos insuficiente" y todo apunta a que la "operación fue controlada por Alberto Ruiz Gallardón o 'por su gente'".

Esas acusaciones se basan en parte en una conversación pinchada en noviembre de 2016 al expresidente madrileño Ignacio González con el exministro Eduardo Zaplana y con el abogado Fernando Belhot, en la que González afirma que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares".

Una empresa vinculada al hermano y al cuñado de Ignacio González cobró unos 4 millones de euros "directa o indirectamente" de dos contratos adjudicados por el Canal de Isabel II a empresas del grupo ACS mientras el expresidente madrileño estaba al mando de la entidad pública.

Así consta en un informe de la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contenido en el sumario del caso Lezo, al que ha tenido acceso Efe, en el que se detallan sus sospechas sobre posibles dádivas en la construcción y gestión del Canal Golf.

La UCO detalla que en 2003, el mismo año en que González pasó a ostentar la presidencia del Canal, se adjudicó la obra del campo de golf a Dragados (del grupo ACS) por 40 millones de euros.

Luego, entre 2006 y 2007, cuando se estaba construyendo, la empresa Tecnoconcret, supuestamente dedicada a la consultoría de ingeniería, recibió 3,2 millones en concepto de ventas a Dragados, lo que podría obedecer, dice el informe a una subcontratación para la obra.

La Guardia Civil destaca que los administradores de esa empresa en esos momentos eran un hispanovenezolano vinculado a un hermano del expresidente madrileño, Pablo González, así como un cuñado de Ignacio González, José Juan Caballero Escudier, casado con la diputada del PP en la Asamblea madrileña Isabel González. Los tres fueron detenidos cuando estalló el caso en abril de este año.