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Ignacio González, durante un registro de su casa en abril de 2017. José Ramón Ladra
Anticorrupción pide 8 años de cárcel para Ignacio González por el saqueo del Canal de Isabel II

Anticorrupción pide 8 años de cárcel para Ignacio González por el saqueo del Canal de Isabel II

La Fiscalía concluye que el expresidente madrileño y su camarilla se apropiaron de 5,4 millones de dólares por la compra fraudulenta de una empresa en Brasil

Miércoles, 29 de enero 2020, 12:45

Anticorrupción pide una condena de ocho años de cárcel y 19 de inhabilitación para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por fraude a la administración y malversación de caudales públicos en la compra por parte del Canal de Isabel II de la ... empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes.

La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación de esta pieza del denominado 'caso Lezo' que González se repartió con los otros seis encausados 5,4 millones de dólares -aproximadamente 4 millones de euros- en comisiones ilegales con cargo al sobreprecio que se pagó por la compra ruinosa de la firma sudamericana en 2013.

La petición contra el jefe de Gobierno autonómico es la más abultada, pero Anticorrupción también reclama penas de cárcel e inhabilitaciones en esta "pieza brasileña" del gigantesco sumario Lezo para Edmundo Rodríguez Sobrino, el considerado hombre fuerte del expresidente madrileño en América Latina (7 años de prisión); para el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro (7 años) ; para la exdirectora del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond (5 años) ; para el exgerente de Triple A Ramón Navarro (2 años); para el exdirectivo de Inassa Diego Fernando García Arias (2 años) ; y para el representante de Emissao Sebastiao Cristovam (6 años y medio).

Según los informes que constan en la causa, González y los suyos obviaron en la compra de Emissao todos los preceptos legales. Hicieron la transacción «en contra de la opinión de los auditores independientes, con el pago de comisiones prohibidas, sin informes de secretarios técnicos ni interventores, ni autorización de la Consejería de Hacienda». Todo fue orquestado -apuntaba el anterior instructor de la causa, Eloy Velasco- para «posibilitar por parte de los investigados desvíos de dinero público madrileño, que así pasaban a cuentas bancarias en terceros países con opacidad con respecto de las titularidades reales, con la consiguiente desaparición del patrimonio de la empresa pública madrileña».

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