Anticorrupción apunta contra Puigdemont en su etapa como alcalde

La Fiscalía Anticorrupción apuntó este miércoles directamente contra el expresidente catalán por un delito de malversación de fondos públicos o de apropiación indebida. Las presuntas irregularidades se remontan a 2014. Ese año, el Ayuntamiento de Girona aprobó, en un polémico pleno municipal, la adquisición del fondo artístico del crítico e historiador Rafael Santos Torroella, que incluía una colección de arte de unas 1.200 obras, entre otras de Picasso, Dalí, Miró o Tapies. La operación rondaba los cuatro millones de euros y la Fiscalía anticorrupción sospecha que el Ayuntamiento de Girona empleó fondos procedentes de la empresa adjudicataria del servicio de aguas de la ciudad gerundense y su comarca, Agissa, para la compra de las obras de arte.

Con el objetivo de buscar pruebas en este sentido, el fiscal anticorrupción, José Grinda, lideró este miércoles una operación policial llevada a cabo en los ayuntamientos de Girona, Sarrià de Ter y Salt, los tres municipios que forman parte del consorcio de la compañía de aguas, de titularidad mixta público-privada. Agentes de la Guardia Civil se personaron en los tres consistorios para realizar requerimientos de documentación.

El caso no solo salpica al expresidente catalán, sino también al actual presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, que fue alcalde de Sarrià de Ter durante la época investigada. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) descartaron que de momento Puigdemont haya pasado a tener la condición de investigado en el procedimiento del juzgado de instrucción 2 de Girona, pero todo dependerá de la documentación recabada por la Guardia Civil en sus registros.

La compra de las obras de arte forma parte de un caso más amplio y que el juzgado de instrucción número 2 de Girona investiga desde 2015, a raíz de una denuncia de la CUP contra directivos de la concesionaria del agua por enriquecimiento ilícito, administración desleal y facturaciones irregulares para favorecer a la parte privada de la compañía. La Fiscalía Provincial de Girona abrió diligencias por un supuesto desvío de fondos en beneficio de la parte privada de Agissa que podría ascender a 15 millones de euros, lo que acabó repercutiendo en la ciudadanía, a la que le subieron el canon del servicio de agua.

Las supuestas irregularidades, no obstante, se remontarían años atrás, hasta 1998, en la etapa del exsocialista Joaquim Nadal al frente del Ayuntamiento de Girona. La investigación cree que la compañía falseó sus cuentas. Aun así, Puigdemont renovó la concesión en 2013.

La actual alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, afirmó que la operación de la Guardia Civil no fue más que un «show» y precisó que «todo el dinero» que se ha invertido en arte «proviene de partidas ordinarias del ayuntamiento, no del canon del agua, y todos los presupuestos son públicos».

La CUP también cargó contra la operación de hoy, pues a su juicio solo buscaba ir a por Puigdemont y no a destapar la corrupción. «Que la corrupción no tape la guerra sucia, y que la guerra sucia no tape la corrupción», aseguraron los anticapitalistas. «Hay que recordar que el caso viene de una demanda de su socios de gobierno, la CUP. Quien quiera ver una mano negra de las cloacas del Estado debería preguntarle a los señores de la CUP, que presentaron esta denuncia», apuntó a su vez la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas.