Anticorrupción investigará los contratos de urgencia del Estado denunciados por Ayuso

Finalmente Anticorrupción investigará a las siete empresas, sin excepción, que se vieron beneficiadas por los expedientes sospechosos. Se trata de las adjudicaciones a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., FCS Select Productos S.L, Member Of The Tribe S.L, Weihaitextile Group Import & Export, Hyperin Grupo Empresarial, Beedigital e industrias plásticas Playbol, según concreta un decreto firmado este viernes por el fiscal Jefe Alejandro Luzón, quien ha encargado al fiscal Luis Pastor las diligencias de este caso por posibles delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En lo que se refiere a Pedro Sánchez, la denuncia de los populares apuntaba a un posible delito de «tráfico de influencias» en la «concesión de subvenciones y ayudas» a Industrias Plasticas Playbol. Esta empresa, que habría recibió una «ayuda equivalente» a 64.959,82 euros, «estaba vinculada a los padres del presidente del Gobierno».

En cuanto a la vicepresidenta Calviño, el escrito del PP relataba que el Ejecutivo encomendó, siempre a través de un contrato de urgencia, la «gestión de la imagen digital y de la reputación online de la Seguridad Social» por 532.400 euros con IVA a Páginas Amarillas Soluciones Digitales (Beedigital), empresa en la que el marido de la vicepresidenta es director de marketing.

Anticorrupción también investigará el contrato adjudicado a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, una firma que el año anterior había facturado 0 euros y que se embolsó 53 millones por la venta de mascarillas en 2020 y que el PP relaciona con el exministro de Transporte José Luis Ábalos. El acuerdo con la firma FCS Select Products S.L, que la denuncia vincula con el extitular de Sanidad Salvador Illa por ser amigo de sus propietarios, también será analizado.

Además de estos pliegos, los populares madrileños llevaron a Anticorrupción catorce «ayudas en forma de avales por un valor superior a los 800.000 euros», que también presentarían irregularidades.

No obstante, Luzón, a pesar de abrir la investigación, ya avanza que el PP no aporta información «sobre la supuesta relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican y su posible intervención o ayuda en la obtención de los contratos [...] sobre su participación en los hechos delictivos».

Sea como fuere, el jefe de Anticorrupción adelanta que la investigación va a centrarse en esclarecer «la vinculación de cada una de las sociedades con las distintas administraciones públicas» y si existió una «falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos». Luzón insiste en que considera «procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados», atendiendo «a la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución y a la indiscutible trascendencia social del contexto en que tienen lugar los hechos descritos en la denuncia».

La presidenta regional madrileña decidió presentar la denuncia ahora admitida por la Fiscalía después de que Podemos, Más Madrid y PSOE presentaran otra el pasado 18 de febrero para que se investigara el contrato de mascarillas vinculado con el hermano de Isabel Díaz Ayuso, que Anticorrupción también ha aceptado a investar ««Vamos a empezar a investigar a todos», advirtió la líder madrileña a la oposición en la Asamblea regional. «Ustedes (diputados del PSOE) van a tener que dar muchas explicaciones», avisó la presidenta.