Anticorrupción abre una investigación sobre la adjudicación de las mascarillas

El Ministerio Público, que tiene hasta seis meses para decidir si judicializa este caso, por el momento deja en manos exclusivamente de Anticorrupción esta investigación porque considera no hay hasta ahora «indicios verosímiles» contra la presidenta madrileña como para movilizar a la Fiscalía del Supremo, tribunal ante el que sería aforada la líder madrileña.

Estas diligencias de investigación –precisaron fuentes fiscales- se centraran en las cuentas y movimientos de Tomás Díaz Ayuso, de la sociedad Priviet Sportive, que fue la que ganó el concurso de las mascarillas a pesar de su falta de su experiencia en el sector, y de su director y amigo de la familia Ayuso, Daniel Alcanzar.

En Anticorrupción tienen claro que de haber indicios para investigar un supuesto 'caso mascarillas', algo que todavía tienen que analizar detenidamente, la investigación «forzosamente» tendría que pasar por recabar en primer lugar las cuatro facturas que el hermano de Ayuso giró en 2020 contra Priviet. La presidenta de la Comunidad de Madrid solo ha desvelado que su familiar emitió el 30 de junio de 2020 una factura de 55.850 euros más IVA contra la empresa de su amigo por las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid. Sobre las otras tres facturas ha guardado silencio absoluto porque, arguye, no tienen relación con la Comunidad de Madrid.

En Fiscalía consideran que las pesquisas deberían centrarse en conocer cuáles fueron «exactamente» las «contrasprestaciones» por las que Tomás Díaz Ayuso recibió ese dinero de esa primera factura y si efectivamente ese trabajo se realizó. Responsables del Ministerio Público dan por hecho que si la presidenta ha desvelado la existencia de esas cuatros facturas éstas habrán sido declaradas a Hacienda.

Harina de otro costal, explican, es que llegado el caso el hermano de la jefa del Ejecutivo autonómico, curtido en los mercados internacional de material sanitario y de suministros de iluminación, pueda demostrar que efectivamente se 'rebajó' a trabajar para una empresa textil sin relación con su especialidad y que no recibió ese dinero –que fuentes de Génova cifran en 286.000 euros)– como pago todavía por su relación con la compra de mascarillas.

De hecho, en una nota informativa, la Fiscalía insistió hoy en que las denuncias de los grupos políticos «se limitan a solicitar la investigación de los hechos que en ellas se relatan». Sobre la participación en este contrato de la presidenta –explica la nota- los denunciantes se limitan a «proponer distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios«. «Estas hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada», zanja por el momento la Fiscalía.