40 años del 23F: Fuerzas Armadas y normalidad democrática

Las cartas al Rey de colectivos afectados era una costumbre propia de la monarquía decimonónica, a menudo conocidas como «memorial de agravios»; el más famoso de los cuales fue el Memorial de Greuges (aunque el título original fuera Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña) presentado al rey Alfonso XII por un grupo de entidades barcelonesas y que constituyó el primer acto explícito del catalanismo político. Que Alfonso XII muriera cinco meses después no pareció que tuviera ninguna relación con el disgusto recibido.

El año 2020, de tan infausto recuerdo como letales consecuencias, se despidió soportando el escándalo producido por una carta al rey dirigida por un colectivo de antiguos mandos militares denunciando presuntas violaciones de la Constitución por el «Gobierno socialcomunista apoyado por filoetarras».

En dicha misiva, 73 mandos retirados de las Fuerzas Armadas mostraban su apoyo y lealtad a Felipe V «en estos momentos difíciles para la Patria», a la que veían en plena «descomposición de la Unidad Nacional». La carta privada fue acompañada con la publicación, coincidiendo con la celebración del 42º aniversario de la Constitución Española, de una carta-manifiesto firmada por un grupo de 271 exmilitares (más tres diputados del grupo parlamentario de Vox y del presidente de la Fundación Francisco Franco) en la que se realizaba un diagnóstico semejante y se vertían acusaciones incendiarias contra el Gobierno. El escándalo acabó de completarse con la filtración de conversaciones de diferentes grupos de WhatsApp en las que la apología del franquismo que realizaban acababa siendo la parte menos vergonzosa de sus contenidos.

El escándalo mediático –nacional, pero con muy desfavorables ecos internacionales– fue acompañado por la automática y contundente condena por parte de todos los partidos políticos del espectro ideológico, excepto la extrema derecha de VOX, y por una sobria indiferencia de parte de la opinión pública, mucho más interesada en la evolución de la pandemia y en preparar la proximidad de las Navidades en unas circunstancias tan adversas.

El principal apelado, Felipe VI, mantuvo un prudente silencio hasta que tuvo la oportunidad institucional de mostrar su posición; tanto en el mensaje de Nochebuena (en el que el foco de atención mediático se centraba en su reacción a la deriva de los escándalos financieros de su padre, el rey emérito Juan Carlos I), y sobre todo en su discurso en la Pascua Militar –vestido con el uniforme de Capitán General de la Armada–, el monarca manifestó inequívocamente su defensa de la Constitución y la exigencia de su defensa como «origen de la legitimidad de todos los poderes e instituciones del Estado».

Que un colectivo de ciudadanos utilice el decimonónico sistema de la carta al rey como instrumento para hacer conocer su posición no debería resultar más preocupante. Lo más importante del hecho es que dichos ciudadanos se reunieron alrededor de su pasado profesional militar y, junto a sus nombres, utilizaron sus cargos castrenses como medio para legitimar su actuación. Dicha instrumentalización espuria de su antigua condición militar arroja una contundente sombra de sospecha sobre el conjunto de las Fuerzas Armadas españolas, su identificación democrática y su compromiso con la Constitución.

Las distintas interpretaciones –más allá de las condenas o descalificaciones– a estos hechos son múltiples. Desde el resurgimiento de la extrema derecha a la reacción radical al Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos o a las nefastas consecuencias de la permanente tensión territorial.

Sin embargo, aun más significativo que las explicaciones racionales aparecen las interpretaciones interesadas. Que hayan sido los medios vinculados a los extremos ideológicos y a los nacionalismos gobernantes los que más énfasis pusieron en señalar los exabruptos de estos grupos de exmilitares filofranquistas evidencia unos propósitos comunes, por mucho que sus objetivos finales sean radicalmente diferentes.

Votantes de Vox, miembros de Podemos o integrantes de partidos nacionalistas e independentistas coinciden en su visión condenatoria del «régimen del 78» (a los que hay que sumar a aquellos grupos y grupúsculos antisistema que se posicionan contra cualquier tipo de régimen político). Por muy diferentes razones y desde puntos de vista explícitamente antagónicos, el cuestionamiento de la salud democrática de la España de las últimas cuatro décadas se ha convertido en un jugoso argumento de rentabilidad electoral significativa.

Dado que ese cuestionamiento no supera el más ligero análisis constitucional o histórico, se debe apelar a la imperfección del sistema, sus múltiples deficiencias o al rosario de escándalos de corrupción que ha albergado; pero sobre todo se utilizan a medias verdades y mentiras completas que permiten trazar interpretaciones sencillas y directas sobre procesos complejos y multiformes. Los pobres argumentos arraigan con mayor facilidad en el campo abonado del cansancio social por la pandemia y la crisis económica consecuente.

El centro neurálgico de todas estas posiciones es la reinterpretación revisionista de la transición, tratando de desmontar un análisis explicativo que los historiadores han ido elaborando a lo largo de las últimas décadas con la máxima profesionalidad.

Según la interpretación de dichos grupos, la transición no debería ser vista como el paso de la dictadura a la democracia, ni como el triunfo del consenso entre todas las ideologías, ni mucho menos como un logro del pueblo español. Al contrario, todas sus reinterpretaciones tienen en común el concepto de traición: traición al verdadero pueblo (sea éste visto desde el prisma español, vasco, catalán o de un creciente número de identidades alternativas), la traición de las élites políticas y económicas a la sociedad civil, la traición del PSOE y PCE a la causa proletaria, y un largo cúmulo de traiciones menores dependiendo de los sectores que realizan un revisionismo interesado.

De igual forma, dichas reinterpretaciones utilizan el ataque a dos instituciones como arietes que ayudan a desmantelar el «régimen del 78»: la monarquía y las Fuerzas Armadas. Y en el desempeño de las funciones de ambas instituciones en los acontecimientos del 23 de febrero de 1981 encuentran estos grupos la piedra angular sobre la que construir su revisionismo.

Diseñado por el general Armada y ejecutado por integrantes del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro dirigidos por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y las tropas del entonces capitán general de la III Región Militar, teniente general Jaime Milans del Bosch, del fracasado intento de golpe de Estado del 23-F se conocen todos sus extremos más trascendentes. No sólo por la causa judicial que se abrió contra los participantes de la intentona golpista, sino por los múltiples testimonios, la documentación hecha pública y el gran número de monografías dedicadas al análisis de aquellos acontecimientos.

Para completar la investigación historiográfica falta tener acceso a los informes del antiguo Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) y a las conversaciones grabadas de las capitanías militares, si bien no cabe esperar mayor sorpresa que el conocimiento directo del comportamiento -en ocasiones heroico, a veces miserable- de algunos personajes menores en ese drama nacional.

Sin embargo, tanto la figura del monarca como la del conjunto de las Fuerzas Armadas sigue siendo puesta en cuestión 40 años después, sin aportar ningún testimonio o prueba documental que acredite dicho juicio. Al contrario, utilizando el instrumento de convicción de todo conspiranoico, todos los argumentos parten precisamente de esta ausencia de pruebas: si no se tienen las pruebas es porque se están ocultando, y si se ocultan es porque desmontan el discurso oficial. De una forma muy sintética, ya lo adelantó hace décadas el excomandante Ricardo Pardo Zancada (quien fracasara en su propósito de sublevar a la División Acorazada Brunete) al señalar que Juan Carlos I era «la pieza que falta» en el puzzle del 23-F; argumento compartido por los golpistas procesados en el juicio militar para ampararse bajo el principio de «obediencia debida»; paradójicamente, dicho testimonio es aún tomado como principal fuente de autoridad por todos aquellos desmontadores profesionales del «régimen del 78» (desde el político nacionalista vasco Iñaki Anasagasti a Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos; muy significativamente, Santiago Abascal, presidente del partido ultraderechista Vox, calla estruendosamente sobre los acontecimientos y sobre el personaje).

El 23-F es utilizado en dichas interpretaciones para probar la «tutela militar» que se extendió durante toda la transición, condicionando la prolongación del franquismo y bastardeando la implantación de una verdadera democracia. No importa que la evidencia demuestre que, si realmente hubiese habido esa tutela militar, no habría sido necesario un golpe de Estado para subvertir el orden constitucional, dado que éste respondería plenamente a los intereses de ese perviviente militarismo franquista; para aquellos que denuncian la falta de calidad democrática del «régimen del 78» lo importante es sumar argumentos, no la coherencia lógica entre los mismos.

Sí es cierto que la transición militar se produjo años después que la transición política, la creación del Ministerio de Defensa (4 de julio de 1977, apenas tres semanas después de la celebración de las primeras elecciones democráticas) y el nombramiento de su primer titular, el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, fue el comienzo de un esfuerzo mayúsculo para transformar la estructura heredada de la dictadura franquista. La actuación del nuevo Ministerio cumplió el doble objetivo de homologar la administración militar española con la del resto de países europeos y ser el instrumento transformador del pensamiento, composición y actuación de las Fuerzas Armadas.

Pero sus logros no fueron inmediatos; durante el debate constitucional la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) ofició de lobby profesional, logrando entre otras cosas que el artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado (1967) se transformara ligeramente para ser integrado como artículo 8 de la Constitución, que atribuía a las Fuerzas Armadas la defensa del orden constitucional.

Por supuesto, no fue el único lobby –ni siquiera el más influyente– que trató de defender sus intereses en tan trascendental época, comenzando por la Iglesia Católica y la confederación empresarial. La transición militar iniciada con enorme valentía por Gutiérrez Mellado y potenciada por el recién desaparecido Alberto Oliart (con la incorporación a la OTAN y el juicio castrense a los golpistas del 23F como ejes de su gestión), no fue culminada hasta finales de los años ochenta, gracias a los cambios estructurales introducidos durante el ministerio de Narcís Serra (nada casualmente su libro de «memorias» de la época se titula La Transición Militar, 2008).

Desde entonces, las Fuerzas Armadas españolas han tenido un comportamiento ejemplar en el cumplimiento de sus deberes y en defensa de los intereses de España en el exterior, participando en numerosas misiones internacionales, y afrontando una de las transformaciones estructurales tanto en la organización, doctrina, sistemas e integración.

El desempeño y la subordinación de las FAS a los distintos Gobiernos se ha mantenido inalterable, independientemente de su color político; la durante décadas perseguida homologación con los países de nuestro entorno se ha conseguido plenamente. Pocos colectivos internacionales acumulan una experiencia internacional del nivel que tiene cualquier oficial de las últimas décadas.

Sin embargo, la aparición de aquellas cartas al rey y la utilización de los chats de WhatsApp como antiguas salas de banderas han servido para cuestionar la calidad democrática de las Fuerzas Armadas. Como se ha visto, dicho cuestionamiento se encuentra dentro de un conjunto de movimientos con intereses comunes y objetivos antagónicos. Las Fuerzas Armadas, al igual que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, son un objetivo argumentalmente tentador y políticamente rentable. Tal vez porque, como el propio Marques de Leguineche señalaba en Patrimonio Nacional cuando el tráfico detiene un furgón de militares junto a su señorial calesa, «Acojonan, ¿eh?».

Este artículo ha sido publicado en 'The Convertation'.