Andalucía cifra ya en 149 millones el fraude de la formación para el empleo

El escándalo saltó hace cuatro años y por los calabozos fueron pasando altos cargos del ejecutivo regional, sindicalistas, empresarios.La investigación se centró en las ayudas concedidas por la Administración andaluza a cientos de empresas para llevar a cabo cursos de formación para el empleo que no se llevaron a cabo, falsearon datos de los alumnos, incumplían los requisitos o incluso obviaron la condición de contratar a los alumnos al término de las actividades.

Desde el PP se llegó a apuntar a una forma de alimentar la red clientelar del PSOE aludiendo a empresas en la órbita del partido como principales beneficiarias. Pero los tribunales no solo fueron desinflando el caso, aludiendo únicamente a errores administrativos, sino que desmontaron esa supuesta trama clientelar.

Así, el consejero de Empleo volvió a rechazar que hubiera un «fraude masivo», y desveló que ya se han revisado 6.501 de las 8.505 ayudas tramitadas. En 4.751 de esos expedientes no se constata incumplimiento alguno, y en 1.754 sí se han detectado irregularidades, por lo que tras iniciarse los procesos de justificación y alegaciones la administración reclama en firme 149 millones. Según aseguró la Junta hace diez meses, sólo se habían podido recuperar 8,7 millones.

Es precisamente a la lentitud del proceso a la que se aferra la oposición. Al poco de asumir la Presidencia de la Junta, Susana Díaz ordenó paralizar las ayudas en la región e iniciar de oficio una revisión de todas las subvenciones dadas. Era la época de los ERE, y la socialista no iba a dejar que su mandato se iniciara con un caso de corrupción que llegó a salpicar a su marido (profesor de los cursos en un sindicato) y a otros exdirigentes del partido.

Pero pese al aumento de plantilla, tras cuatro años aún falta por revisar una cuarta parte de las ayudas, un retraso «intencionado» con la intención, afirman los 'populares', de que acaben prescribiendo y así «no perjudicar a su red clientelar». Reprochan además que se «oculten» los datos relativos al dinero reclamado y los fondos recuperados. "Quien oculta datos favorece el fraude", espetó la portavoz del PP en la comisión parlamentaria de Empleo.