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Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Reuters
Amnistía Internacional pide la puesta en libertad inmediata de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart

Amnistía Internacional pide la puesta en libertad inmediata de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart

La interpretación que a su juicio hace la sentencia del Supremo del delito de sedición es «peligrosa

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 19 de noviembre 2019, 12:20

Amnistía Internacional ha cargado esta mañana con contundencia contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a doce líderes del 'procés' por los hechos de octubre. La organización no gubernamental es especialmente crítica con la condena por sedición impuesta a Jordi Sànchez y Jordi ... Cuixart, responsables de la ANC y Ómnium Cultural en octubre de 2017. «La condena de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por sedición viola sus derechos y la libertad de expresión y de reunión pacífica; ambos deben ser puestos en libertad de forma inmediata», han asegurado esta mañana los responsables de esta organización en España. «Deben ser puestos en libertad y sus condenas por sedición deben ser anuladas», ha insistido Esteban Beltrán, director de AI en España.

La organización asistió como observadora a las 52 sesiones del juicio celebrado en el Tribunal Supremo. Según Amnistía Internacional, las penas de prisión impuestas a los dos líderes de las plataformas secesionistas y a los exmiembros del Ejecutivo catalán son «consecuencia de la vaguedad de la definición del delito de sedición en el Código Penal española y de la interpretación excesivamente amplia y peligrosa» que a su juicio hizo el Supremo. Las penas, en lo que respecta a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart suponen una «restricción desproporcionada de sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica«, señala la entidad.

A su entender, el Supremo «no demostró que la imposición de unas condenas tan severas fuera proporcional a los actos pacíficos que les imputaban». AI insta además al Parlamento a que revise con «carácter de urgencia la definición del delito de sedición para no criminalizar actos pacíficos de desobediencia civil ni restringir indebidamente la libertad de reunión pacífica o de expresión».

Al mismo tiempo, la entidad señala que «no halló ningún factor que indicara que el juicio fuera injusto». Eso sí, cree evidente que la interpretación que hizo el Supremo del delito de sedición fue excesivamente «amplia» y se tradujo en la «criminalización de unos actos de protesta legítimos».

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