El Gobierno encarrila la aprobación de sus segundas Cuentas con avisos de sus socios

Los socialistas siempre se han mostrado optimistas sobre las posibilidades de sacar adelante unas cuentas que, como las del año anterior, tienen un fuerte caracter expansivo gracias a los fondos europeos ( 27.633 millones de euros), contemplan una inversión récord de 40.000 millones de euros y, en pleno inicio de recuperación tras la pandemia, dedican seis de cada diez euros al gasto social. Saben que las de 2023, año electoral, serán harina de otro costal y que quizá entonces sea más difícil alcanzar acuerdos, pero es precisamente esa evidente confianza en obtener luz verde al texto en tramitación lo que exaspera a sus aliados.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostró este jueves humilde y aseguró a los portavoces de los tres partidos en los que la coalición PSOE-Unidas Podemos ha hecho descansar la gobernabilidad que no es necesario que le recuerden constantemente que no dispone de un «cheque en blanco». «De verdad que lo tenemos muy claro -prometió-. Este Gobierno suda la camiseta cada vez que salta al campo de juego». Sus interlocutores, aun así, recelan. Y tanto Esquerra como Bildu advirtieron de que llegará un momento en el que el temor a una llegada de Vox al poder no será suficiente para tenerlos a su lado.

Los dos partidos secesionistas ayudaron con sus discursos a combatir la idea de que el Gobierno está dispuesto a vender España y a «blanquear» a ETA con tal de seguir en el poder, como recrimina la oposición. Ambos circunscribieron sus demandas a asuntos de calado social o económico. Pero avisaron de que eso no hará más leve la negociación.

Esquerra, marcado de cerca por Junts per Catalunya, fue especialmente expresivo. Su portavoz, Gabriel Rufián, llegó a advertir de que Sánchez se equivocará si da por sentado que su partido no le retirará el apoyo antes de que acabe una legislatura que el presidente del Gobierno pretende agotar e incluso alargar hasta el límite de lo posible, a enero de 2024. «La soberbia en política y en la vida es mala consejera», dijo. «Sabemos que tras el congreso nacional de Valencia viven un momento álgido, altivo, alfa. Olvidan que aún dependen de los mismos para las mismas cosas», amenazó.

El líder de los republicanos en la Cámara baja desdeñó las críticas de sus socios de gobierno en la Generalitat, que el día anterior le habían recriminado un apoyo a los Presupuestos «a cambio de nada». «Estos Presupuestos son solo la promesa de centenares de miles de euros pero tenemos la responsabilidad de ejercer toda nuestra fuerza para no desaprovechar una sola oportunidad de mejorar la vida de la gente y quien cree que eso significa 'a cambio de nada' -recriminó- hace mucho tiempo que se sienta en un escaño, usa coche oficial y vive en Twitter». Sin embargo, también insistió a los socialistas: «Empiezan a tener a mucha gente demasiado cabreada y no sé si les queda gasolina en los motores para tanto viaje».

Entre sus demandas, después de sacar pecho por haber arrancado al Ejecutivo el compromiso de obligar a que un porcentaje de la producción de plataformas como Netflix o HBO sean en catalán, incluyó la reducción de las partidas en Defensa; el aumento de las dedicadas a Industria; la rebajar del IVA de los productos de higiene femenina o una una política fiscal redistributiva y no basada en los bonos y cheques que calificó de «insultantes». También instó a «dignificar el trabajo de los inmigrantes» para garantizar las pensiones y a cumplir con la promesa de armonización de determinados impuestos para poner fin al «chiringuito» de Madrid.

El portavoz de EH-Bildu, Oskar Matute, no fue menos combativo. Su principal advertencia fue referida a la negociación de la reforma laboral. El PSOE y Unidas Podemos acaban de sellar la paz respecto a sus perímetros, pero los aliados parlamentarios advirtieron de que, además de abordar la ultractividad, la temporalidad o la prevalencia de los convenios de empresa sobre los temporales su formación exigirá que se «derogue» el abaratamiento del despido, que en 2012 pasó de una indemnización de 45 días por año trabajado a 33 y, pese a ser uno de los aspectos más controvertidos de la legislación aprobada por el PP, no está en la mesa de negociación. «Si no derogan la reforma laboral es muy probable que pierdan las elecciones y serán ustedes los responsables de que gobierne la derecha», dijo.

La diputada del PNV Idioa Sagastizabal, más comedida en el tono, remarcó que no comparte en absoluto el planteamiento «catastrofista» de la oposición sobre el desfase de los Presupuestos Generales del Estado después de que varios organismos hayan rebajado a la baja las previsiones de crecimiento pero también alertó de que «falta un buen trecho» para que su partido pueda apoyarlas y puso el foco de sus demandas en las infraestructuras: la llegada del tren de alta velocidad al País Vasco, el corredor Atlántico o partidas para aeropuertos y estaciones de tren.