El PP amaga con una oposición en los tribunales para marcar al Gobierno

Las advertencias –la mayoría de las veces no han pasado de eso– sobre posibles denuncias, querellas y recursos en los tribunales han sido una constante desde antes de que Pedro Sánchez fuera designado presidente del Gobierno. Tras las elecciones del 10 de noviembre y resuelto el no del PP a la investidura, los populares se han afanado en examinar los planes del Ejecutivo y avisar sobre su capacidad de frenar determinadas decisiones en la Justicia.

Así ocurrió a finales de noviembre, después que la ministra de Educación, Isabel Celaá, sostuviera en un congreso organizado por las Escuelas Católicas que la elección de colegio no emana de un derecho recogido en la Constitución. El PP respondió de inmediato sin descartar salir a la calle o acudir a los tribunales para defender la enseñanza concertada. Días después, el Gobierno insistió en la idea, pero trató de calmar las aguas: «Las familias no tienen nada que temer».

En diciembre, la situación se repitió. Fue a cuenta de las pensiones. La decisión de congelar su subida hasta la formación del Gobierno no sólo despertó la crítica del principal partido de la oposición, sino que el PP anunció que recurriría esta circunstancia ante el Tribunal Constitucional. En cuestión de dos semanas, sin embargo, Sánchez fue investido y el Consejo de Ministros aprobó la revalorización de las prestaciones, como había anunciado, con carácter retroactivo.

El terreno más fértil para la oposición ha sido, en todo caso, el de las relaciones entre el Gobierno y el independentismo catalán. Los recelos por el pacto de investidura de PSOE y Esquerra llevaron a Casado a avisar el 8 de enero de que su partido no permitirá que se modifique la Carta Magna en el Congreso y dejará en suspenso con un recurso previo ante el Tribunal Constitucional cualquier reforma estatutaria que se intente sacar adelante. Para entonces, ya había amagado en la sesión de investidura con llevar también a Sánchez a los tribunales si no procuraba la salida de Quim Torra de la Generalitat.

Ese aviso sobre un posible delito de «prevaricación» por supuesta pasividad ante el presidente catalán quedó en el aire hasta esta semana. El jueves, el PP volvió a amenazar con acciones legales si el Gobierno no «hace nada para cesar en sus funciones» a Torra, una vez el Tribunal Supremo ha resuelto mantener su inhabilitación como diputado en el Parlamento autonómico. La dirección nacional interpreta que la retirada del escaño lleva aparejada la pérdida de la condición de jefe del Ejecutivo en Cataluña, aunque en realidad existe un debate jurídico al respecto y no todos en el partido se muestran tan convencidos de esta lectura.

También suscita algunas dudas internas el recurso anunciado contra la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El PP sostiene que el nombramiento vulnera los artículos 7 y 59 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público, los que versan sobre el principio de imparcialidad que debe regir el ejercicio de la Fiscalía, y, con esa interpretación, acudirá al Tribunal Supremo. En la formación todos comparten el reproche por una designación que ni siquiera cuenta con el certificado de «idoneidad» del Consejo General del Poder Judicial, pero cuestionan el recorrido que pueda tener el movimiento de Génova.

El recurso, en todo caso, aún no se ha presentado. Fuentes de la cúpula del PP recuerdan que el proceso sigue abierto y que el nombramiento aún no es formal. Hay otras acciones también pendientes de materializarse, como las anunciadas en diciembre contra la responsable de la cárcel de Lledoners en la que Oriol Junqueras cumple condena.

Hasta ahora, el PP ha centrado su actividad en la Junta Electoral Central. Este órgano atendió su petición de ordenar la retirada de la credencial de Torra en el Parlamento catalán y evitar que Junqueras recogiera el acta de eurodiputado en Bruselas. Cargos populares llaman, en todo caso, a la contención en la gestión de las supuestas «victorias» y a ser muy escrupulosos con el poder judicial para no contribuir al «descrédito» de las instituciones.