Los aliados del Gobierno lanzan una ofensiva por el espionaje al independentismo

La petición se suma a la demanda ya registrada por esos mismos partidos, además del PNV y de Unidas Podemos, para que se cree una comisión de investigación que arroje luz sobre el asunto, revelado por el grupo de expertos en ciberseguridad de la Universiad de Toronto CitizenLab en el 'New Yorker'. Además, la semana próxima el Ejecutivo tendrá que responder en la sesión de control a varias preguntas, no solo de las formaciones afectadas por el asalto a los teléfonos móviles de varios de sus representantes entre 2017 y 2020 sino también de otros grupos políticos.

La cuestión se ha convertido en una espada de Damocles sobre la cabeza del Gobierno, que niega estar detrás de la operación al tiempo que se ampara en la ley para rechazar ofrecer información sobre el eventual papel del CNI en un ámbito que no sea la comisión de secretos oficiales, inexistente en esta legislatura debido a la falta de acuerdo entre los partidos para designar a su componentes. ERC y Bildu ya han dejado claro que la continuidad de su apoyo parlamentario al Ejecutivo dependen de que se den explicaciones convincentes, se abra una investigación interna, otra en el Congreso y se asuman las pertinentes responsabilidades políticas.

Las fuerzas políticas supuestamente espiadas consideran poco creíble que el Gobierno estuviera al margen del espionaje porque el propio fabricante de Pegasus sostiene que es un recurso al que solo acceden los Estados. El Ejecutivo insiste en que España es un Estado de derecho en el que las comunicaciones no pueden ser intervenidas sin autorización judicial, una norma que rige también para los servicios de inteligencia. Pero la negativa a dar más información no ayuda a despejar los recelos.

Unidas Podemos, que pese a ser partido de Gobierno fue la primera fuerza política en pedir que «rueden cabezas», trató este jueves, no obstante, de atemperar la irritación de sus aliados del bloque de investidura apuntando como responsables a «elementos policiales» descontrolados y vinculados al Partido Popular , y pidió al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con el que se reunió en la Cámara baja para hablar de esta crisis, que no rompa con el PSOE.

Aragonès, sin embargo, dejó claro que aunque romper no sea su deseo no dejará correr el asunto, el caso «más grave» de espionaje de toda la democracia, dijo. El diario 'The Washington Post' publica un editorial en el que, bajo el títuloDemocracies shouldn't surrender to a future of limitless surveillance (Las democracias no deberían rendirse ante un futuro de vigilancia ilimitada), se hace eco de la cuestión. Otro elemento de presión para los independentistas.

El PSOE se resiste a crear comisión de investigación alguna y contará para evitarlo con el apoyo del PP, de Vox y de Cs. Pero eso no soluciona una crisis de confianza a la que, hasta ahora, el Gobierno se ha limitado a responder con buenas palabras y la oferta de profundizar en el diálogo abierto con la Generalitat para encauzar el conflicto que fracturó a la sociedad catalana en 2017.