El alcance de la regulación de la Corona vuelve a dividir al Gobierno

Una estrategia que ha vuelto a dividir a las dos alas del Consejo de Ministros en este comienzo de año por sus diferencias sobre el alcance que pueden tener las futuras reformas de la institución. Mientras el PSOE pide ir «paso a paso» y no cree conveniente dar prioridad a la cuestión en pleno inicio de la tercera ola de la covid-19 en España, desde Unidas Podemos mantienen su intención de llevar al Congreso en los próximos meses una 'Ley de la Corona' que fiscalice la acción del monarca y su familia.

Paradójicamente, fue el anuncio el pasado 24 de diciembre por parte del presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, de presentar esta ley, lo que ha llevado a formaciones como el PSOE o el PP a abrirse públicamente a introducir cambios en la institución, algo que llevaban reclamando muchos juristas prácticamente desde el inicio de la Transición.

Pero, lejos de coincidir en la solución y en un escenario político tan polarizado como el de la presente legislatura, no han tardado en aparecer fisuras. «Yo respeto que los monárquicos quieran reforzar a la Corona pero creo que lo que hay en este país es un debate sobre si la monarquía es más o menos útil», dijo el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en una entrevista en TVE el pasado 30 de diciembre, al ser preguntado por la «hoja de ruta» a la que había hecho mención un día antes Pedro Sánchez para renovar la institución y también al acercamiento que el líder de los populares, Pablo Casado, mostró -con sus propias condiciones- en torno a esa idea.

En la Moncloa llevaban estudiando desde hace semanas a través de conversaciones con Zarzuela las posibles respuestas jurídicas al daño reputacional infligido por las informaciones sobre blanqueo de dinero que salpican al antiguo Rey desde que hace año y medio trascendieron unas grabaciones realizadas por el excomisario José Manuel Villarejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein y, especialmente, desde que tanto la Fiscalía suiza como Anticorrupción en España decidieran abrir en 2020 investigaciones sobre sus negocios. Pero el Gobierno mantiene firmemente que la decisión final depende del propio Felipe VI.

Asens, en cambio, defiende que la institución «no tiene suficientes controles democráticos» y ya anunció que la futura ley -cuyo borrador aún no está terminado- debería regular, entre otras cuestiones, los discursos del monarca y «lo que puede y no puede decir» cuando éste interviene públicamente. Evitaría así, insistió, situaciones como el discurso del 3 de octubre de 2017 tras el referéndum independentista en Cataluña cuando, en opinión del diputado de Unidas Podemos, «para muchos, el rey estaba haciendo política». Casado, por su parte, ha ofrecido el apoyo a los socialistas para «reforzar» la Corona, pero deja claro que no quiere «tocar la Constitución».

La cuestión, ahora de relieve por el debate político abierto por los de Iglesias, no tiene una solución sencilla. Cuarenta años después de la aprobación de la Carta Magna, el ordenamiento jurídico español aún no dispone de un marco legal sobre la Corona. Una laguna que, entre otras cosas, contribuye a que tampoco se pueda realizar una fiscalización de la actividad de la Casa Real por parte de las Cortes Generales.

La monarquía está regulada por nueve artículos del Título II de la Constitución, donde se detallan sus funciones, si bien este bloque no ha tenido desarrollo legislativo, con la excepción de la ley orgánica por la que se hizo efectiva la abdicación del rey Juan Carlos en junio de 2014.

La elaboración de una ley para la monarquía viene sugerida en el artículo 57.5 de la Constitución, pero los Gobiernos que se han sucedido desde la restauración de la democracia finalizaron su mandato sin acometer esa tarea.

Hay otros puntos más delicados. Algunos juristas no ven viable modificar la inviolabilidad del rey o su libertad para distribuir el presupuesto de la institución a través de una norma, al estar amparado por el Título II. «Con la ley no se pueden poner límites a la inviolabilidad, porque la propia Constitución establece que es absoluta. Donde el constituyente no distinguió, el legislador, por tanto, no puede distinguir», apunta el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco (UPV) Javier Tajadura, que también es de la opinión de que en este momento «no es realista» emprender una reforma constitucional porque exigiría disolver las Cortes y someterla a referéndum.

A la inviolabilidad se suman otros aspectos como la regencia, la renuncia al trono o el papel de la reina o rey consorte, que no quedan claros en la normativa. El profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universitat Autónoma de Barcelona Joan Lluis Pérez, lamenta que «después de 40 años aún no tengan desarrollo legislativo» y augura que «seguirán sin tenerlo».