Un ajustado margen para reducir impuestos y amortiguar la crisis

Pero el margen de actuación que tiene el Gobierno para rebajar impuestos es muy distinto si de la factura eléctrica o los combustibles se trata. En el caso de la luz, se encuentran reducidos desde el pasado mes de septiembre, cuando comenzó la escalada de precios, y al menos seguirán así hasta el próximo 30 de junio. Se trata de la reducción del IVA del 21% al 10%; la del impuesto especial eléctrico, del 5,1% al 0,5% -el mínimo legal que permite la Unión Europea-; o la minoración de los cargos fijos del recibo hasta en un 80% para todo el año. Además, se encuentra aún suspendido el impuesto de generación (el que pagan las compañías eléctricas), con un tipo superior al 7%, al menos hasta finales de marzo.

Todas esas medidas -cuyo impacto en las arcas del Estado se estima en unos 12.000 millones de euros al año- se han visto devoradas por el alza del precio de la electricidad en los mercados diarios. Esa espiral de costes se ha comido el efecto práctico de las reducciones de impuestos. Por ahora, las medidas que el Ejecutivo tiene en mente pasan por topar el impacto del precio del gas en el recibo eléctrico o modificar el bono social que perciben los consumidores más vulnerables.

En el caso de los combustibles, aproximadamente la mitad de lo que los conductores pagan por cada litro de gasolina o diésel va destinado a pagar impuestos (un 50% en gasolinas y un 46% en el gasóleo, según la AOP). De esas cuantías, el 21% corresponde al IVA. Y el resto, a los Impuestos Especiales sobre Hidrocarburos, donde Hacienda puede tener margen de actuación, siempre que cuente con los permisos comunitarios. A falta del dato de diciembre del año pasado, la Agencia Tributaria recaudó más de 10.500 millones de euros por este tributo en 2021.

En este campo sí tiene la posibilidad de reducir el IVA -aunque la Comisión Europea estará pendiente al tratarse de un impuesto que se rige bajo directivas europeas- o el de Hidrocarburos. Por otra parte, España cuenta con el gasóleo bonificado -a un precio inferior al estándar- del que se benefician generalmente los productores agrícolas.

A falta de concreción, las actuaciones consensuadas en la Conferencia de Presidentes se establecen en cuatro ejes para afrontar las consecuencias humanitarias y económicas derivadas de la guerra.

Se acuerda poner en marcha el Plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania en España. Este plan será «abierto y dinámico», y se irá configurando a través del diálogo que el Gobierno desarrollará con las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias, los agentes sociales, teniendo en cuenta a los colectivos más vulnerables. Las medidas que se incorporarán al plan desarrollarán e intensificarán las ya anunciadas hasta ahora, como son las rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan familias y empresas y otras que se puedan plantear. El Gobierno y las comunidades autónomas comparten «la determinación para proteger a nuestras empresas, a nuestra industria y a nuestra ciudadanía», indica el texto que salió del encuentro.

Respaldan al Gobierno en su posición ante el próximo Consejo Europeo par que se adopten medidas a fin de lograr una rebaja de los precios de la energía.

Se impulsa la ejecución de los fondos por parte de todas las Administraciones. Consideran clave aprovechar al máximo la oportunidad para que los fondos «lleguen de verdad».

Gestionar de forma coordinada la acogida de ucranianos. Se habilitará financiación hacer frente a los costes que se ocasionen.